“Civiles de la dictadura” es una iniciativa de El Grito del Sur, el Espacio de la Memoria Virrey Cevallos, La Retaguardia y Tierra Roja en el que buscamos ponerle cara a los responsables civiles de la última dictadura cívico militar eclesiástica. Este 24 de marzo, el año en el que se cumplen 40 años de recuperación de la democracia, presentamos esta primera entrega con detalles de veinte empresarios que participaron activamente de la represión.
Julio Méndez
Loma Negra
Alfredo José Martínez Minetti
Ingenio la Fronterita
Emilio Méndez
Loma Negra
Roberto José Pellegrini
Acindar
Ricardo Torralvo
Acindar
Eduardo Butori
Ingenio la Fronterita
Adolfo Navajas Artaza
Las Marías
Héctor Francisco Jesús Sibilla
Ford
Fernando Cornú de Olmo
Ingenio la Fronterita
Alberto Lemos
Ledesma
A mediados de marzo, del mes de la memoria, Carlos Pedro Tadeo Blaquier murió. Amo y señor de varios pueblos de Jujuy cuyas poblaciones dependieron del ingenio azucarero epicentro de su poder, socio que aportó al terrorismo de Estado y se valió de él para crecer y acumular, emblema de la pata civil de la última dictadura cívico militar eclesiástica, Blaquier tenía 95 años y murió impune, ayudado por el paso del tiempo y también por quienes deberían haberlo juzgado. A dos semanas de un nuevo aniversario del golpe genocida, en el año en el que se cumplen 20 años de la nulidad de las leyes de impunidad y 40 de la restauración de la democracia, su muerte no dice sólo que él ya no está, sino más bien que el terror trajinado que encarnó durante los años de horror sigue (muy) vivo.
Las causas que investigan el comportamiento criminal de civiles vinculados con empresas –dueños o personal jerárquico– durante el golpe de Estado –su participación en secuestros y torturas o el aporte corporativo de recursos y datos para que las patotas de las Fuerzas Armadas y de seguridad los llevaran a cabo, incluso los beneficios que aquellos hechos implicaron para algunas compañías– son tan pocas dentro del universo de expedientes que integran el proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad de la última dictadura que ni siquiera vale el porcentaje para destacarlo en una infografía.
Hace dos años que se abren nuevas causas por hechos de este tipo y las novedades que hubo en las existentes fueron impactantes, pero ahí quedaron. Los juicios contra exdirectivos de Acindar y de La Fronterita, que hace un año esperan por fecha; las imputaciones a exdirectivos de las ceramistas Cattaneo y Lozadur, que esperan que la justicia ordinaria las avale o los fallos que duermen en la Cámara Federal de Casación o la Corte Suprema, como el del exgerente de Mercedes Benz o los jerarcas de la Ford, son algunos ejemplos.
Los pocos pasos que han dado las causas fueron gracias a la insistencia del movimiento de derechos humanos, de abogados y abogadas que llevan adelante las querellas particulares y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y, lamentablemente, no fueron definitorios. Hablamos de juicios orales y públicos, sentencias firmes. Porque hay que tener un dato presente: si una persona fue investigada, imputada y procesada por un delito, pero muere antes de que un tribunal confirme su responsabilidad en una sentencia, esa persona será sobreseída en los papeles. “Y la historia se escribe en papeles, ¿no es cierto?”, se pregunta una fuente muy cercana a la batalla por que la Justicia asuma la responsabilidad de juzgar al poder económico por su rol en los crímenes de lesa humanidad.
Para contar la complicidad del poder económico con el plan sistemático de exterminio desplegado por las Fuerzas Armadas y de seguridad en el país entre las décadas del 70 y 80 es necesario contar la lucha del movimiento obrero, que comenzó algunos años antes y que empezaba, cuando el terror mostró todos los dientes, a torcerle la mano al poder y a reescribir las reglas de la distribución de la riqueza, y que puso gran parte de les muertes y desaparecides en ese capítulo de nuestra historia. La última dictadura vino a evitar todo aquello: primero fue por les delegades, luego por quienes les escuchaban y sus familias, y por último por varios indiferentes. No vaya a ser cosa que quedara algune sin miedo.
Y contar ambos es una manera de explicar el presente del país porque sirve para saber qué intereses son los que priman por sobre los de la mayoría y quiénes los protegen. Investigar procesalmente la complicidad de empresarios y jerarcas económicos con la última dictadura no es sencillo. Los ejemplos de empresas en las que funcionaron centros clandestinos hay pocos (Ford es una de ellas). Pero el camino para avanzar en la tarea de entender cómo y por qué la desaparición y la neutralización de la clase trabajadora consciente de sus derechos benefició al cordón más concentrado del poder económico local está escrito y puede profundizarse. Lo que falta es voluntad y tiempo.
A mediados de marzo, del mes de la memoria, Carlos Pedro Tadeo Blaquier murió. Amo y señor de varios pueblos de Jujuy cuyas poblaciones dependieron del ingenio azucarero epicentro de su poder, socio que aportó al terrorismo de Estado y se valió de él para crecer y acumular, emblema de la pata civil de la última dictadura cívico militar eclesiástica, Blaquier tenía 95 años y murió impune, ayudado por el paso del tiempo y también por quienes deberían haberlo juzgado. A dos semanas de un nuevo aniversario del golpe genocida, en el año en el que se cumplen 20 años de la nulidad de las leyes de impunidad y 40 de la restauración de la democracia, su muerte no dice sólo que él ya no está, sino más bien que el terror trajinado que encarnó durante los años de horror sigue (muy) vivo.
Las causas que investigan el comportamiento criminal de civiles vinculados con empresas –dueños o personal jerárquico– durante el golpe de Estado –su participación en secuestros y torturas o el aporte corporativo de recursos y datos para que las patotas de las Fuerzas Armadas y de seguridad los llevaran a cabo, incluso los beneficios que aquellos hechos implicaron para algunas compañías– son tan pocas dentro del universo de expedientes que integran el proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad de la última dictadura que ni siquiera vale el porcentaje para destacarlo en una infografía.
Hace dos años que se abren nuevas causas por hechos de este tipo y las novedades que hubo en las existentes fueron impactantes, pero ahí quedaron. Los juicios contra exdirectivos de Acindar y de La Fronterita, que hace un año esperan por fecha; las imputaciones a exdirectivos de las ceramistas Cattaneo y Lozadur, que esperan que la justicia ordinaria las avale o los fallos que duermen en la Cámara Federal de Casación o la Corte Suprema, como el del exgerente de Mercedes Benz o los jerarcas de la Ford, son algunos ejemplos.
Los pocos pasos que han dado las causas fueron gracias a la insistencia del movimiento de derechos humanos, de abogados y abogadas que llevan adelante las querellas particulares y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y, lamentablemente, no fueron definitorios. Hablamos de juicios orales y públicos, sentencias firmes. Porque hay que tener un dato presente: si una persona fue investigada, imputada y procesada por un delito, pero muere antes de que un tribunal confirme su responsabilidad en una sentencia, esa persona será sobreseída en los papeles. “Y la historia se escribe en papeles, ¿no es cierto?”, se pregunta una fuente muy cercana a la batalla por que la Justicia asuma la responsabilidad de juzgar al poder económico por su rol en los crímenes de lesa humanidad.
Para contar la complicidad del poder económico con el plan sistemático de exterminio desplegado por las Fuerzas Armadas y de seguridad en el país entre las décadas del 70 y 80 es necesario contar la lucha del movimiento obrero, que comenzó algunos años antes y que empezaba, cuando el terror mostró todos los dientes, a torcerle la mano al poder y a reescribir las reglas de la distribución de la riqueza, y que puso gran parte de les muertes y desaparecides en ese capítulo de nuestra historia. La última dictadura vino a evitar todo aquello: primero fue por les delegades, luego por quienes les escuchaban y sus familias, y por último por varios indiferentes. No vaya a ser cosa que quedara algune sin miedo.
Y contar ambos es una manera de explicar el presente del país porque sirve para saber qué intereses son los que priman por sobre los de la mayoría y quiénes los protegen. Investigar procesalmente la complicidad de empresarios y jerarcas económicos con la última dictadura no es sencillo. Los ejemplos de empresas en las que funcionaron centros clandestinos hay pocos (Ford es una de ellas). Pero el camino para avanzar en la tarea de entender cómo y por qué la desaparición y la neutralización de la clase trabajadora consciente de sus derechos benefició al cordón más concentrado del poder económico local está escrito y puede profundizarse. Lo que falta es voluntad y tiempo.
La historiadora e investigadora habla sobre las causas juzgadas y las que esperan su elevación a juicio oral, analiza el legado del proceso de investigación y sentencia: "Hubo diálogo y coordinación entre empresarios y militares"
La invasión militar de la provincia de Tucumán durante el Operativo Independencia significó la generalización de la persecución contra los trabajadores y delegados de La Fronterita, que venían de un proceso de mucha conflictividad con la empresa. 48 años después, por primera vez parece cerca el fin de la impunidad para los crímenes cometidos contra los trabajadores de La Fronterita.
La historia de los trabajadores rurales represaliados en la localidad de Virasoro es un caso paradigmático respecto a la complicidad empresarial y a los mecanismos de impunidad que se han generado para disimularla
Civilesdeladictadura.com.ar es un trabajo colaborativo entre periodistas, activistas y organizaciones de Derechos Humanos. La plataforma fue concebida con la idea de, por primera vez, ofrecer un listado unificado de los responsables civiles de los crímenes de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. Esta primera entrega concentra los primeros 20 perfiles de empresarios que fueron procesados, condenados o que esperan su turno para ser juzgados. También de aquellos que murieron impunes y de quienes por ahora gozan de impunidad.
Equipo periodístico:
Matías Ferrari
Ludmila Ferrer
Ailín Bullentini
Yair Cybel
Gerardo Aranguren
Hilda Presman
Sebastián Furlong
Fernando Tebele
El pasado 12 de septiembre, los ministros de Educación, Jaime Perczyk, y de Economía, Sergio Massa, presentaron el proyecto para una nueva Ley de Financiamiento Educativo que aumente la inversión del 6 al 8 por ciento del PBI y establezca metas generales para todos los niveles de enseñanza. Esta decisión fue elogiada por distintos funcionarios gubernamentales y referentes sindicales, quienes resaltaron la importancia de que el Estado siga apostando por la inversión educativa.
«Este proyecto vuelve a ratificar la importancia de la educación obligatoria, anticipándola a los 45 días. En algún sentido pone de relieve el tramo 45 días-3 años, que es muy importante», señaló a El Grito del Sur Alberto Sileoni, Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Sileoni respondió de esta forma a dichos recientes del candidato presidencial Javier Milei -vencedor en las PASO de agosto-, quien ya se expresó en contra de la obligatoriedad educativa: «El sistema de la obligación no funciona y solo el 16% de los chicos terminan el secundario». Este argumento, repetido en otras oportunidades, niega la concepción de educación como derecho y su importantísimo alcance actual, dado que -según los datos del último Informe Nacional de Indicadores Educativos- más de 12 millones de personas reciben educación en los niveles inicial, primario y secundario. También se sustenta en el sistema de vouchers propuesto por Milei, que eliminaría la obligatoriedad y la gratuidad del sistema educativo actual.
«El aumento del financiamiento educativo también tiene un aspecto significativo orientado a los estudios universitarios. El objetivo es poder hacer en el lapso de diez años -de 2024 a 2033- una asignación del 6,5 por ciento a la educación obligatoria y 1,5 por ciento más dedicado a la educación universitaria. Éste no es el único elemento a tener en cuenta: un proyecto de ley como éste ratifica que la educación es un derecho humano fundamental, personal y social garantizado por el Estado, en un momento en que algunas fuerzas políticas nos invitan a discutir algo que creíamos ya cerrado. Queremos garantizar los 14 años de educación obligatoria, ampliar de 180 a 190 días de clase, trabajar en la cobertura de la primera infancia y en un aspecto poco transitado como son las jardines maternales», puntualizó el funcionario bonaerense.
Entre las metas del nivel primario que promete esta iniciativa, pueden destacarse: un mínimo de 25 horas semanales de clases para todes; al menos 50 por ciento en escuelas de jornada completa; diseñar políticas educativas para garantizar la comprensión de lectura y escritura; asegurar la enseñanza de una segunda lengua. En cuanto a las metas del nivel secundario, aparecen: garantizar la incorporación del 100 por ciento de les estudiantes; ampliar la jornada escolar con al menos el 30 por ciento de les estudiantes con un mínimo de 6 horas de clase por día; avanzar en la concentración horaria de les docentes; y el dictado obligatorio de robótica y programación en el segundo ciclo.
La secretaria general de UTE, Angélica Graciano, también saludó este proyecto y planteó que «al haber más jardines, se suman más puestos de trabajo y mayor extensión horaria en las escuelas, acompañamiento de trayectorias, computadoras y libros, mejor infraestructura y edificios. De esta forma se mejoran profundamente nuestras condiciones de trabajo. Cuando éstas son tenidas en cuenta, tenemos mejores posibilidades de desplegar al máximo las capacidades de enseñanza y los chicos tienen mayores posibilidades para aprender».
Por su parte, quienes rechazan esta iniciativa de Massa y Perczyk se basaron en un estudio hecho por la ONG Argentinos por la Educación: según un informe privado de esta organización, la pauta del 6 por ciento del PBI de cada año destinada a Educación -prevista en la Ley de Financiamiento Educativo N° 26.075 (año 2005) y la Ley de Educación Nacional N° 26.206 (año 2006)- se cumplió en apenas tres ocasiones, en los años 2009, 2013 y 2015. Si se suman los recursos estipulados que no se invirtieron en educación en nuestro país entre los años 2006 y 2020, equivaldrían a una deuda de 3,4 billones de pesos.
En esta línea, el secretario gremial de Ademys y dirigente de Izquierda Socialista, Jorge Adaro, planteó a este medio que ésta se trata de «una propuesta claramente electoralista partiendo que la ley de financiamiento actual nunca se cumplió y que en el mejor de los casos ha llegado al 5 por ciento del PBI. Entonces anunciar un incremento, cuando hay una ley que no se cumple, nos hace suponer que nada va a ser diferente». «Al mismo tiempo, esto no es algo nacional sino que es el mínimo porcentaje que pone la Nación sumado a lo que ponen las provincias. Una ley de financiamiento tiene que ir ligada a la renacionalización del sistema educativo y se debería contemplar la quita de los millonarios subsidios que reciben las escuelas privadas», agregó.
Sergio Massa y Roberto Baradel
¿Presentismo vs. paros?
En su último acto realizado en la Universidad Metropolitana (UMET), Cristina Fernández de Kirchner recordó sus polémicos dichos sobre el sector docente al señalar que «trabajan cuatro horas por día y tienen tres meses de vacaciones». «En 2012, cuando era presidenta y dije lo que dije, los docentes me saltaron a la yugular. Pero compañeros y compañeras, si no discutimos los problemas que tenemos, van a venir de afuera a imponernos las condiciones. Y no van a ser las condiciones reales, van a ser otras», sostuvo. Y agregó: «Con Néstor pagábamos presentismo. Es algo álgido y de discusión. Pero nos pasaba que docentes que iban a trabajar a la escuela privada nos hacían huelga en la pública».
De acuerdo con un reciente informe del Centro de Investigaciones Sociales – CIS (UADE-Voices), entre la principal razón por la cual una familia eligió una escuela primaria o secundaria privada en vez de una pública o estatal, aparece con el 63 por ciento el factor «para evitar la pérdida de clases por paros o ausentismo docente». Es decir que las inasistencias de docentes resultan una problemática que impactan no sólo en el aprendizaje, sino en el prestigio de la escuela pública. «Hay que trabajar contra el ausentismo docente, retomando las mejores tradiciones e incorporando otras», señaló Alberto Sileoni.
Luego de que el gobierno porteño diera un bono de 60 mil pesos a docentes que no tuvieron «faltas injustificadas» durante los primeros seis meses de este año, se buscó también reconocer en forma solapada a quienes no ejercieron su derecho a huelga. Hasta julio de este año, por los 11 días de paro realizados por UTE y Ademys, a les docentes sin antigüedad de jornada completa que se adhirieron se les descontaron $104.101,53, mientras que para aquellos que cuentan con la máxima antigüedad la quita fue de $122.137,84.
Desde UTE consideraron por entonces que «este anuncio significa otro ataque directo a la organización de lxs trabajadorxs, un intento de amedrentamiento a la docencia y a la unidad construida al calor de la lucha en defensa de la educación pública para todxs». «Con esta nueva medida (el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez), Larreta intenta dividir a la docencia y debilitar el reclamo colectivo. Nuevamente va a fracasar», concluyeron.
Y-Tec es la división tecnológica de YPF, creada en 2013 -un año después de la expropiación de la petrolera por parte del Estado Nacional-, y es el área que, unida al Conicet, se encarga de la investigación y el desarrollo para la industria de producción de energía. De esta manera se fusionan una compañía vinculada a la matriz energética con un centro de investigación científica. El 51% de la empresa pertenece a la petrolera, mientras que el 49% restante es del organismo científico. «Y-tec es una empresa de YPF, la cuestión es que no es 100% de ella, sino que está asociada al Conicet, por lo que la participación del Estado es mayoritaria. Es una empresa de tecnología -la más grande de Sudamérica- de una empresa industrial», explicó a El Grito del Sur Hernán Letcher, vicepresidente de YPF Litio y director del CEPA.
Y-Tec tiene convenios y colabora con universidades y el sistema científico en general; de hecho, su sede está ubicada en Berisso, provincia de Buenos Aires, en un espacio cedido por la Universidad de La Plata. Cuenta con 47 laboratorios, 12 plantas pilotos y alrededor de 270 personas a su servicio, entre investigadores y becarios. Como empresa interdisciplinaria, Y-Tec también se especializa en las siguientes áreas: geociencia, ingeniería de reservorio, biología, microbiología, biotecnología, ingeniería ambiental, agronomía, nuevas energías, materiales y nanomateriales, entre otras. La empresa tecnológica establece diez «misiones» o líneas estratégicas de investigación: litio, hidrógeno, tecnologías del subsuelo, combustibles, ambiente, agro, químicos innovadores, midstream, tecnologías upstream y tecnologías de caracterización. Una de las áreas de mayor relevancia es la que guarda relación con el litio, por el potencial industrial del país en materia de producción del mineral denominado «oro blanco».
ParaMarcelo Koenig, consultor externo de YPF Litio durante el año pasado y ex diputado nacional, este metal requiere una manera particular de extracción: «Lo que sacás de debajo de los salares es una especie de salitre en el que viene el litio mezclado con otras cosas, entonces a través de procesos químicos separás y producís el carbonato de litio. YPF Litio se creó para hacer esos procesos. Ese desarrollo industrial es lo que se está haciendo, se están fabricando celdas que son el componente principal de las baterías de litio».
YPF Litio surgió un año atrás y su objetivo es integrar todo lo que tenga que ver con el «oro blanco». «Y-Tec viene trabajando con el crecimiento de la parte industrial hace tiempo. Habitualmente la investigación y el desarrollo se hace en Y-Tec y después lo absorben, en todo caso, las áreas de YPF que corresponden. El objetivo es participar en toda la cadena de producción e industrialización del litio. La idea a futuro es tener extracción en salares, hacer carbonato de litio, material activo y celdas/baterías. La decisión de industrializar el recurso ya está tomada», afirmó Letcher.
Una de las cuestiones que aún resta definir -si bien se avanzó- tiene que ver con generar diálogo y consenso con las provincias, en cuanto a la cuestión de la utilización del recurso a nivel federal, ya que -por medio del artículo 124 de la reforma constitucional de 1994- esa decisión recae en los Estados provinciales. Al día de hoy, las provincias que cuentan con mayor disposición de litio son Catamarca, Salta y Jujuy, pero también es probable encontrarlo en La Rioja.
Al día de hoy, las provincias que cuentan con mayor disposición de litio son Catamarca, Salta y Jujuy, pero también es probable encontrarlo en La Rioja.
«En términos del desarrollo energético, tener lugares donde se acumula el litio es fundamental. Para producir energías limpias va a ser central el tema de que nosotros desarrollemos las baterías. Estamos en plena transición energética, Argentina todavía depende de combustibles fósiles y hay muchos intereses para ralentizar ese proceso, que todos entienden que es inexorable, porque de lo contrario nos llevamos puesto al mundo. El gran desafío no es que entren los dólares por la exportación del litio, lo más importante es cómo creas trabajo y la exportación del mineral no genera tanto trabajo. Creo que hay que extraer el litio respetando a las comunidades y pueblos que viven cerca, pero además generando trabajo en la región. Si nosotros no nos ponemos a ejercer la soberanía sobre esas cosas, lo que va a pasar es que cuando se cumpla el tiempo estimado que dure el litio como principal mineral que da sustento a la acumulación de energías renovables, no vamos a haber transformado nada, lo único que vamos a dejar es un hueco debajo del salar, no mucho más», relató Koenig y destacó el hecho de poder desarrollar una estrategia nacional que contemple los intereses de las provincias, el dominio originario de los recursos, el cuidado del medioambiente y, también, a las poblaciones locales.
En julio de este año, Y-Tec firmó un convenio con la empresa estadounidense Livent, transnacional que hace 30 años extrae litio en el suelo argentino. El acuerdo consiste en que Livent proveerá carbonato de litio para abastecer a UNILIB, la primera planta de celdas de baterías de litio del país, cuya inauguración estaba prevista para el viernes 22 de septiembre, aunque debió suspenderse y se espera poder inaugurarla en los próximos días. Asimismo, para 2024 se estima poner en marcha otra planta en Santiago del Estero.
También existen algunos proyectos pensados para abastecer de energía a zonas «aisladas», como por ejemplo a la isla Paulino-Berisso, al tiempo que llevan adelante acuerdos y mantienen diálogo con las provincias de La Rioja, Santiago del Estero y Salta (donde participaron en una licitación), o con empresas regionales, tal el caso de la provincial Catamarca Minera y Energética (CAMYEN). Hernán Letcher destacó que existe «un diálogo muy aceitado» y ya han firmado vínculos con algunas empresas privadas.
Letcher también reflexionó sobre el valor de la industria estatal: «YPF, como una empresa mixta que es, le ha permitido a la Argentina impulsar políticas económicas que han apuntalado y hecho crecer la producción en el país. Ha sido un actor principal en el conflicto bélico, para compensar la demanda de diesel. Tiene un rol central en la producción agropecuaria. Impulsó y realizó la curva de aprendizaje para que hoy Vaca Muerta sea una realidad. En la actualidad tiene un rol importante en la exploración y en el mercado de fuentes renovables, incursionó en la energía solar, eólica, etc. En este contexto, todo lo que tiene que ver con la investigación y el desarrollo también resulta central, porque además permite, en una empresa de la magnitud de YPF, una integración acertada en lo que tiene que ver con el progreso científico, pero integrado a la industria». Finalmente agregó: «La transición energética creció en el último tiempo, de hecho YPF Luz es la compañía con mejor rentabilidad de YPF. La Argentina tiene posibilidades de desarrollar energía eólica y solar porque tiene excelentes vientos, y provincias como San Juan donde la energía solar toma una centralidad fundamental. No todos, pero buena parte de los desarrollos en materia energética están asociados a YPF».
El caso de Silvina Luna no deja de conmovernos. Pero algunas ya dejaban por escrito su preocupación. “Obviamente porque no podía dejar de conectar las historias de las travestis” — reflexiona la investigadora feminista queer, Marce Joan Butierrez, en diálogo con El Grito del Sur— “Yo investigo mucho de la vida de las travestis durante los años ’70 y ’80, cuando se empieza a conocer más de cerca la manera en que las brasileñas se ponían silicona en el cuerpo. Entonces conozco las historias de muchas de estas compañeras que hoy tienen 50 o 52 años –son poquitas las que pasan de esa edad– y he visto cómo se les hinchan las piernas, cómo les duele al caminar. Me era inevitable vincular esta realidad con la de Silvina Luna. Obviamente haciendo hincapié en la diferencia entre una jovencita travesti que es echada de su casa a los 15/16 años y tiene como destino el trabajo sexual, o el narcotráfico u otro tipo de vida más vinculada al delito; frente a la realidad espectacular de una vedette que tiene acceso a montón de soportes y servicios que la mayoría de las travestis no”. Aunque ninguna pudo resolverlo a los ojos de un paradigma de belleza que las afecta a ambas.
“Cuando empecé a pensar más profundamente en el tema, recordé una entrevista que yo había tenido con el médico con el cual estoy haciendo consultas para poder acceder a una cirugía genital. Lo primero que me dijo fue: —Vos sabés que te estás operando algo en tu cuerpo que está perfectamente sano, y que lo que vas a hacer es asumir un riesgo innecesario. Me quedó dando vueltas mucho en la cabeza esa idea de que el sistema médico entiende que operar un cuerpo sano en términos de lo biológico es correr un riesgo innecesario, y en gran medida se quitan la responsabilidad sobre esa cuestión o al menos te hacen la advertencia de que estás vos asumiendo hacer algo tan intrusivo sobre tu cuerpo que no necesitás”, añade.
“Yo no sé cómo es la experiencia de las personas cis. No sé si los médicos les hacen advertencias pero sí escuché mucho, durante el debate de Silvina Luna, a otros profesionales decir: ‘Estamos atendiendo a una persona que se hace un retoque, un arreglo o alguna intervención, por razones que no tienen que ver con su salud’. Todo el tiempo se corre y perdemos la causal salud; cuando me parece que es la excusa que tiene el sistema para no responsabilizarse ni brindar respuestas en terapias seguras”, advierte.
La dimensión psicosocial: ¿pueden las cirugías estéticas tener un efecto terapéutico?
En el ensayo El fin del amor: Querer y coger en el siglo XXI, la filósofa Tamara Tenenbaum dedica un capítulo a qué nos pasa con las imágenes que nos devuelven, además del espejo, las redes sociales. Y relata que sacó un turno con una dermatóloga con la expectativa de que la doctora le dijera «tenés la piel perfecta, tomá esta cremita y volvé en cinco años». La contestación fue en realidad: «Te puedo dar una crema despigmentante (…) y en uno o dos años hacer un bótox», cita resaltando que se lo dijo con «naturalidad» y «nada de mala intención». El ejemplo abre preguntas: ¿Qué dicotomía existe entre las presiones estéticas y que muchas veces son las y los mismos profesionales quienes te sugieren que te hagas apliques frente a la advertencia del “no te operes”? ¿Nos hace bien operarnos?
“Pienso qué absurdo el avance que hemos hecho en la cuestión del aborto”, ejemplifica la antropóloga Butierrez: “cómo habíamos luchado para conseguir que la causal salud en las ILES contemplaran esta dimensión psicosocial de la salud, y sin embargo en estas otras cuestiones no le damos lugar: el médico no piensa que para mí el realizarme una operación y tener una vagina es psicosocialmente importante; él solamente piensa en términos de la biología. La sociedad y el Estado consideran que la salud para las personas trans es darnos hormonas, hacernos cirugías, atención psiquiátrica y, por supuesto, infectología y VIH. Si vos te lastimás o tenés fiebre y vas a una guardia, no te saben tratar. Porque los profesionales de las demás áreas de la salud no están preparados para atender a las personas trans y atienden en servicios muy acotados”, subraya.
En tanto, la Ley de Identidad de Género establece la obligatoriedad de incluir las cirugías y tratamientos de reafirmación de género en el Plan Médico Obligatorio (PMO): mastectomía o una vaginoplastia. Pero la realidad deja mucho que desear.
¿En qué condiciones se opera o le brinda el sistema médico a una persona travesti trans para acceder a una cirugía?
Es súper complicado. En la Ciudad de Buenos Aires, el Santojanni es el único hospital que está realizando la cirugía genital. Si vos querés hacerte implantes de senos, lo más fácil es que juntes el dinero y lo hagas en el sistema privado porque en la salud pública hay una lista de espera interminable donde te tenés que preparar para estar mínimo dos años, y como el Estado no compra prótesis para hacer esas cirugías no tenés acceso. Dependés de las partidas presupuestarias y es muy difícil. Sé que el caso con los compañeros varones trans es similar para acceder a las mastectomías. En la Provincia de Buenos Aires hay algunas clínicas donde podés llegar a tener más suerte pero en muchos lugares de las demás provincias no realizaron nunca una cirugía, no tienen personal capacitado o consultorio para atención de las personas trans, ni siquiera tratamientos de hormonización.
Marce Joan Butierrez. Fotos: Sol Avena
Nos operan mandatos
No es lo mismo señalar al aire cómo impera y funciona todo un modelo hegemónico que establece y perpetúa lo que configura ser mujer o varón, que identificarlo en el cuerpo. Encontrarse y enfrentarse a una misma viendo la cantidad de noticias dedicadas a cuánto pesa tal o cual personalidad pública, qué bella se ve, o cómo le sienta la edad a x artista; o viéndose la panza, las caderas, mirar los puntos negros de la piel, los pelos, fantasear con más o menos pechos, explotarse los granos, girar la cabeza para imaginar un rostro más angular, medirse las uñas. El efecto (para poner un ejemplo conocido, por superficial que parezca) es algo así como cuando el personaje de Lindsay Lohan ve con ingenuidad y asombro -en la película “Chicas Pesadas” (“Mean girls”, 2004)- por primera vez a la estereotípica Regina George (Rachel McAdams) y a sus compañeras, enumerar que sus “hombros son masculinos”, su “cutícula es horrenda”, su “frente es tan grande”, los aparentes problemas de una “plástica”, hasta que sin querer queriendo le va pasando a ella misma como protagonista.
Por otro lado, parte de esa misma representación de lo femenino en las sociedades posmodernas y mayormente occidentales (o de las urbes) es la que le dio a Luana –la primera niña en la Argentina en conseguir su DNI con su identidad de género asumida– con casi dos años, la convicción de decir quién era: “Yo nena, yo princesa”. Su madre, Gabriela Mansilla, cuenta a través del libro que lleva de título esa primera frase estandarte que cuando le quitaban las películas de Disney, y sus remeras que le quedaban de vestido, ella sentía que no le estaba «sacando la ropa» sino «arrancando la piel».
Marce Butierrez recupera un aporte interesante entre ambas realidades que echa luz al debate: ningún cuerpo es netamente real, en términos biológicos, claro. “Algo que señalan los estudios trans -y un poco también viene de la corriente de los estudios queer- es que el cuerpo es siempre una construcción. Así como (Judith) Butler va a señalar que el género es algo construido, y que no solamente las personas que somos LGBTQI+ estamos performando nuestro género o eligiendo una orientación sexual, las personas heterosexuales también y hacen una serie de acciones para reafirmarlo permanentemente. Con el cuerpo sucede lo mismo. No solamente somos las personas trans las que ‘tenemos necesidad’ de construirnos un cuerpo sino que todas las personas apelan a diferentes recursos para reafirmar su género”, manifiesta.
Desde tinturas de cabello, tatuajes, uñas semipermanentes, una extensa serie de tecnologías que van desde el maquillaje a intervenciones “menores” o más intrusivas como botox, inyecciones de ácido hialurónico, radiofrecuencia, mesoterapia, punta de diamante, mamoplastia, entre tantas otras. “Pensá en este enorme complejo que les causa a los hombres cis ser bajito. Las cirugías que existen para corregir esa cuestión son bastante tortuosas: quebrarse una pierna para que te vuelva a crecer el cuerpo y alcances unos centímetros más. Eso tiene que ver con los mandatos que existen sobre cómo ser más masculino y a los hombres les influye”, aporta Marce. Entonces, ¿cuánto nos sale decidir, cuando los mandatos estéticos son lo que primero nos interviene? Incluso cuando podemos elegir o tenemos el derecho, ¿estamos decidiendo con libertad?
En la otra vereda, el amor propio parece más la puerta a otro laberinto que la salida. Un concepto que si bien persigue la idea de promover la autoaceptación y la soberanía corporal, suena más un hashtag new age que a definir la disyuntiva entre querer querernos y lo que nos frustra. Y que, aún sabiendo que los nuevos modelos sociales están emergiendo y cada vez más, nos convierte en culpables por no conformarnos.
“¿En qué momento ciertas ideas de autoaceptación se terminan volviendo como un mandato?” —cuestiona la antropóloga— “Nos ponemos todas re body positive, ‘tu cuerpo está bien así aceptalo’, y ¿qué si no? ¿Qué si no puedo? ¿Vos le dirías a una persona trans que se siente incómoda con alguna de las características de su cuerpo: ‘aceptate así’?”.
“Y sin embargo pasa eso” —-asegura— “Lo digo desde la interna del mundo trans donde la desbinarización del género un poco termina construyendo esta idea de que ‘podés llamarte Valentina, ser mujer, tener barba y pelo en el pecho, porque está todo bien’. Obviamente está bien pero cuando se empieza a volver una lógica dominante dentro de ese campo (poniéndome muy bourdieusiana) lo que sucede es que a la otra, a la que sí se quiere depilar y tener tetas porque siente que Valentina tiene que ser así y así y flaca, le pesa un estigma enorme. Porque para algunas personas no es una opción. Quizás no lo quieren pero tampoco es una alternativa ser una queer no binaria si por ahí vive en una ciudad en donde exhibirse de esa manera la pone en peligro, entonces necesita tranquilidad y lo elige: ser binaria, tratar de disfrazarse lo más parecido a lo que la gente espera porque lo que se juega tiene que ver con la continuidad de su vida”.
Tanto las cirugías estéticas como el trabajo sexual ocupan ese gris de (des)acuerdos feministas. ¿Cuál es tu mirada?
Me parece que ese punto gris está dado por una discusión que tiene que ver con la clase, una tensión que nos hace cosquillas en la moralidad. Lo mismo que nos pasaba con el aborto: esta idea de que hay que construir una zona de excepción para que esto sea comprensible. Hay un libro que es precioso, Queen for a day, de la investigadora Marcia Ochoa, donde estudia cómo en Venezuela los concursos de belleza modelan toda una percepción sobre lo femenino como ocurre entre las mujeres y travestis que trabajan en la calle, y cómo las zonas de trabajo sexual son una pequeña pasarella en donde vos podés ver reflejados esos estereotipos de belleza. Siento que estamos enamoradas del feminismo y que nos hemos encerrado un poco en nuestros propios discursos. Lo que necesitamos es que las feministas, transfeministas y el mismo colectivo LGTBQI+ empecemos a construir y pensar qué pasa con este territorio de la soberanía sobre el cuerpo más allá del aborto, sino en múltiples sentidos desde hacerte una cirugía como elegir el trabajo sexual.
¿Cómo lo podemos construir?
Por un lado, creo que vamos a tener que tener algún día el debate. Es muy difícil. Yo creo que hay que empezar a pensar en la militancia en términos de procesos. La respuesta sería que nos reapropiemos la idea de libertad pero que además la militemos abiertamente, que cada uno sea libre de hacer absolutamente lo que quiera y también aceptar que nuestras teorizaciones pueden ser muy interesantes pero no pueden convertirse nunca en un mandato sobre el cuerpo de otras personas.
El 28 de septiembre, en el Día Global de Lucha por el Aborto Seguro, los feminismos se concentrarán en el Congreso de la Nación. Lo harán desde Plaza de Mayo a las 16 hasta el Congreso y a las 18 será el acto y el pañuelazo. En esta marcha se movilizarán contra las derechas, el ajuste y se exigirá la implementación y protección de la Educación Sexual Integral. Sobre esto hablamos con Dina Sánchez, secretaria adjunta de UTEP, y Lala Pasquinelli, fundadora de «Mujeres que no fueron tapa».
Según explicó Lala Pasquinelli, en diálogo con El Grito del Sur, los feminismos ponen el cuerpo y la voz a una convocatoria que es para toda la sociedad. “Está en juego nuestra agenda y nuestras conquistas. Corre riesgo la democracia, sus instituciones, nuestros consensos sociales sobre un montón de temas. Quieren quitarnos el derecho al aborto, pero también quieren arrasar con la salud pública, con la ESI y con el sistema completo de la educación pública y la ciencia”, sostuvo Pasquinelli. Además, expresó: “Por eso la convocatoria es a todas las personas que quieran defender la democracia y que se opongan a la crueldad como metodología de gestión política y como pedagogía”.
En diciembre de 2020 se hizo ley un reclamo que llevaba décadas de activismo. Ese día la marea verde hizo eco en toda la región y la emoción desbordó las calles. Fue una conquista histórica, pero de algo no había dudas: aunque lo habíamos conquistado, iba a ser un derecho que tendríamos que cuidar. Con el triunfo de La Libertad Avanza en las PASO está la posibilidad de que sea presidente una persona que sostuvo recientemente que la interrupción del embarazo es un asesinato y que, en caso de ganar las elecciones, haría un plebiscito sobre la ley. “Me parece que lo que expresa Javier Milei es un retroceso muy grande. Justamente en esa libertad que pregonan se contradicen, porque nosotras también tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos”, expresó Dina Sánchez, secretaria adjunta de UTEP.
Para lograr la despenalización del aborto, se atravesó un largo debate tanto en la sociedad como dentro de los movimientos sociales y en el Congreso. “Dimos la discusión con mucho respeto porque hay una amplitud de miradas dentro de las organizaciones. Nuestras compañeras trabajadoras de la economía popular también tienen miradas diversas y hemos podido plantear la despenalización del aborto con una discusión basada desde la salud, porque la interrupción del embarazo existe pero quienes mueren por abortos clandestinos todo el tiempo son mujeres pobres”, afirmó Dina Sánchez. Luego agregó: “Planteamos este derecho para que estas mujeres, que desesperadas van a acudir a un aborto, lo puedan hacer en condiciones dignas, en un hospital con médicos que realmente puedan acompañar ese proceso”.
Dina Sánchez, secretaria adjunta de UTEP
En estas elecciones, la educación pública también está en juego. La escuela representa para muchas niñeces un refugio y un espacio en donde reciben información fundamental como la ESI. Según un informe del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, el 80% de los niños, niñas y adolescentes pudieron comprender que vivieron un abuso sexual luego de tener clases de Educación Sexual. La mayoría de los abusos en la infancia ocurren dentro de los hogares; por lo tanto, la escuela es un espacio fundamental para recibir el conocimiento y prevenir violencias. Sin embargo, según integrantes de la derecha, la ESI es “ideología de género” o un “plan para eliminar a los seres humanos”, como dijo el libertario. “Muchos han dicho ‘que se cuiden’ por los embarazos no deseados, pero hay un montón de factores que pueden ocurrir para que suceda. A su vez, hablan de prevención pero critican la ESI, pónganse de acuerdo porque son posiciones que se contradicen”, cuestionó la referente de UTEP.
En 2015 nació la última ola del feminismo con una consigna clara: Ni Una Menos. En 2018 empezó a resonar el grito que exigía el aborto legal y hasta que se sancionó la ley se lograron marchas multitudinarias. Sin embargo, en los últimos años algunas discusiones quedaron pausadas para algunos sectores y también hubo grandes divisiones dentro del activismo, que se evidenciaron en el Encuentro Plurinacional y en marchas que quedaron partidas. “En la pandemia le peleábamos al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y muchos nos cuestionaban. Mi explicación es que si soy amiga tuya te voy a discutir con mucha más profundidad. Sin embargo, más allá de los matices, nosotras sabemos que somos compañeras y yo no desconfío de la compañera, aunque tenga una posición política muy distinta”, expresó Dina Sánchez. Además, añadió: “Seguramente después vamos a seguir discutiendo, planteando nuestras agendas, pero hoy nos reúne esta lucha porque buscan anular la ESI, sacar el ministerio y retroceder en la ley que nos costó tanto”.
“La marea verde vuelve a la calle. Si estuviste, tenés que estar”, dicen en su convocatoria el colectivo Ni Una Menos y «Mujeres que no fueron tapa». Para Dina Sánchez, lo que pasó en las elecciones primarias significa un balde de agua fría para los feminismos. Sostiene que el feminismo tiene que volver a unirse: “El feminismo popular, sindical, todos los feminismos, pero también aquellas personas que todavía no descubrieron que son feministas tienen que participar. Convocamos a toda la sociedad a que se sumen el jueves 28 de septiembre para que podamos levantar nuestra voz con una agenda en común”.
Locales gastronómicos en reservas ecológicas. Esa es la propuesta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que encendió el rechazo de organizaciones estudiantiles, ambientales y ONGs. Esta semana, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y la Red Universitaria por la Crisis Climática (RUCC) presentaron una acción de amparo para evitar que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta avance con este proyecto de bares «cool» en áreas protegidas.
El amparo colectivo, que cuenta con el acompañamiento de la ONG Fundación Ciudad, busca frenar la construcción de locales gastronómicos en una de las tres reservas ecológicas que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Los impulsores coinciden en señalar que las edificaciones son ilegales y que violan el Plan de Manejo coordinado por la Facultad de Ciencias Exactas y aprobado por Ley en el año 2007.
La Reserva Ecológica Ciudad Universitaria-Costanera Norte es un área protegida de 20 hectáreas, cogestionada y coadministrada entre la UBA y el Gobierno de la Ciudad. Su superficie se encuentra protegida por la ley 4.467, aprobada por la Legislatura porteña en 2012 y su funcionamiento se rige por las reglamentaciones aprobadas en 2018. Finalmente, en 2021 se publicó el Plan de Gestión del espacio y en diciembre de ese mismo año la reserva se abrió formalmente a la visita del público.
«La organización estudiantil en Exactas viene demostrando una preocupación muy profunda con el modelo que está llevando adelante Larreta en nuestra Reserva», señaló en diálogo con este medio Abril Marcolongo, presidenta del Centro de Estudiantes. «Pudimos canalizar la preocupación a través del Centro de Estudiantes como el órgano gremial que tiene que defender los intereses de su comunidad, y presentamos este amparo junto a la RUCC, la Fundación Ciudad y candidates a diputades», agregó.
La representante estudiantil hizo referencia al apoyo de la iniciativa por parte de los candidatos legislativos de Unión por la Patria, Julia Ben Ishai y Hernan Hougassian, quienes respaldaron la acción con su firma. Asimismo, esta semana la candidata a vicejefa de Gobierno de Leandro Santoro, Bárbara Rossen, visitó el lugar y se comprometió a acompañar el reclamo.
La presentación judicial resalta el carácter ilegal del bar, ya que «su proyección e instalación no respetan las normas ambientales locales y nacionales, en especial lo referido a Evaluación de Impacto Ambiental». Asimismo denuncian que tampoco se cumplió el Plan de Gestión 2021-2031, el instrumento nodal que debería guiar las prácticas de sostenimiento y manejo de las áreas protegidas.
La reserva en cuestión no solo alberga una nutrida biodiversidad, sino que también oficia como pulmón verde de la Ciudad y es un espacio donde estudiantes de las diferentes carreras que se brindan en la Facultad realizan sus prácticas y proyectos de investigación.
«El amparo presentado recupera todos los antecedentes de las irregularidades de las obras del gobierno porteño y pone foco en el local gastronómico (bar) que está construyendo Larreta dentro de la Reserva. ¿A quién se le ocurre que eso no tenga impacto ambiental significativo?», expresó Adriel Magnetti, militante de la RUCC y referente de la Reserva. «Nuevamente, un negocio de Larreta para seguir privatizando el espacio público y, en este caso, adentro de una Reserva Ecológica. Es un escándalo», concluyó.
El recambio en la integración del Consejo de la Magistratura porteña abrió el clásico período de negociaciones de fin de año entre las principales fuerzas políticas que conviven en la Legislatura, que pugnan por ubicar a sus dirigentes en ese organismo clave para la designación y remoción de jueces.
Además de la Magistratura, las negociaciones también incluyen cargos relevantes en la Auditoría General y en el Banco Ciudad, sumando entre las tres dependencias unos 17 puestos codiciados por los legisladores que están a punto de finalizar sus mandatos.
De acuerdo a lo que afirmaron fuentes legislativas, las conversaciones están atadas al resultado de las elecciones nacionales y los comicios porteños del 22 de octubre, ya que varios de los aspirantes a consejeros podrían ser convocados eventualmente a ocupar sillas en ministerios de alguna de las dos jurisdicciones.
En el caso del Consejo de la Magistratura, los miembros propuestos por el estamento de la Legislatura son tres y deben ser designados antes del 14 de noviembre, fecha en la que finalizará el mandato de cuatro años de los actuales representantes Francisco Quintana -que está a cargo de la presidencia-, Ana Salvatelli y Alberto Baglieri.
Para cumplir con los tiempos, la ley 31 porteña, que regula el funcionamiento de la Magistratura, establece que los tres postulantes sean votados por al menos dos tercios del total de los diputados y diputadas que componen el Parlamento local en una sesión pública, la cual debe convocarse especialmente un mes antes de la fecha de jura, es decir, el 14 de octubre.
A su vez, establece que con una “anticipación no menor a los 40 días a la fijada para la sesión, deben publicarse los antecedentes de los candidatos y las candidatas que hayan propuesto los diferentes bloques de la Legislatura”. Y dispone la realización de una audiencia pública para que los postulantes den cuenta de su idoneidad para el cargo.
Con este cronograma por delante, esta semana debería comenzar la presentación formal de los pliegos de los candidatos y las candidatas en la Legislatura. Sin embargo, el proceso electoral podría generar una prórroga de los mandatos de los consejeros actuales hasta después de los comicios.
Los tres sectores de poder que históricamente se reparten estos cargos en la Justicia porteña son el PRO -que estuvo controlado por Horacio Rodríguez Larreta pero que está en una transición política hacia Jorge Macri-, la UCR con influencia del operador Daniel “El Tano” Angelici, y el PJ referenciado en el vicejefe de Gabinete nacional, Juan Manuel Olmos.
Por el macrismo, el nombre que circula como candidato es el de Gabino Tapia, exsecretario de Legal y Técnica de la municipalidad de Vicente López y exsenador bonaerense, un hombre de confianza de Jorge Macri, a tal punto que es mencionado como aspirante a presidir el Consejo.
No obstante, Tapia podría ocupar el cargo de jefe de Gabinete porteño en el caso de que Macri gane las elecciones para el Ejecutivo. Así surge el nombre de Diego García Vilas, actual legislador porteño alineado con Graciela Ocaña, quien podría sumarse a la campaña del candidato de Juntos por el Cambio en la Ciudad como parte de un acuerdo para incorporar a un dirigente de sus filas al Consejo.
En tanto, el sillón de la UCR podría ser para Martín Ocampo, aunque también figura entre los nombres probables la dirigente radical Lorena Clienti, cuyo pliego sería promovido si el actual legislador y exministro de Seguridad porteño fuera convocado a un rol ejecutivo a nivel nacional de ganar Patricia Bullrich las próximas elecciones presidenciales.
Por último, el PJ impulsaría a un referente del sector de Juan Manuel Olmos cuyo nombre no trascendió, ya que la intención de esa fuerza porteña es aguardar los resultados de los comicios de octubre. Esta posición es la que justamente fomenta la especulación de que se postergaría el proceso de designación de los consejeros más allá del 14 de noviembre.
Los otros cargos
Superadas las elecciones, las negociaciones en la Legislatura por los cargos antes del recambio parlamentario de diciembre se intensificarán para elegir a los siete miembros que ocuparán el directorio de la Auditoría General de la Ciudad y de los cinco que harán lo propio en el Banco Ciudad.
Para el organismo destinado al control de las políticas públicas porteñas, se requiere de una votación del Parlamento de los representantes potenciales, los que serán seleccionados a propuesta de cada partido o alianza en base a su proporción dentro del recinto. La presidencia, no obstante, es ejercida por el espacio de la oposición que tenga mayor representación numérica.
Para el Banco Ciudad, en tanto, el directorio está compuesto por un presidente, vicepresidente, cuatro vocales y un síndico. Todos los puestos para la entidad financiera deben ser impulsados por el Jefe de Gobierno de la Ciudad dentro del plazo de los 30 días posteriores a asumir en su función y para ello debe remitir al Poder Legislativo la propuesta junto con sus respectivos pliegos.
El debate de candidatos a la vicepresidencia tuvo lugar anoche en el canal de noticias TN. Se trató de un escenario propicio para mostrar un nuevo clima polarizado de época: el triunfo de Javier Milei en las PASO significó un (re)florecimiento de las ideas retrógradas principalmente en materia económica, social y los Derechos Humanos, que lo lleva al intento de hegemonizar un espacio que en la última década había sido ocupado por referentes del PRO y Juntos por el Cambio.
Todas las miradas y flashes de este primer debate televisivo, que anticipa los dos que organiza la Cámara Nacional Electoral -previstos para el 1 y 8 de octubre- fueron acaparadas por Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza. Villarruel se mostró auténtica, tal cual es: facha, negacionista e insensible con las problemáticas sociales de los más humildes de la Patria. Le habló a sus votantes más puros, a los de Patricia Bullrich y también a los indecisos. Para ello utilizó en recurrentes oportunidades el término «orden», como mantra para justificar desde medidas de seguridad hasta un eventual proceso de quita de los planes sociales.
El postulante a vice de Unión por la Patria, Agustín Rossi, buscó polarizar en todo momento con la inefable Villarruel. Por un lado, intentó desarticular el discurso «pro-Fuerzas Armadas» de la compañera de fórmula de Milei, haciendo énfasis en su gestión como ministro de Defensa y el aumento de salarios para los miembros de las FF.AA. Sin embargo, fue incomodado cuando Villarruel le preguntó por Milani y luego le dio rienda suelta a la candidata para sumergirse en el terreno que le resulta más cómodo: la denostación de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia del kirchnerismo y la definición de Montoneros como «organización terrorista». Rossi también quiso endilgarle un supuesto interés con claudicar en la causa soberana por las Islas Malvinas, aunque sin mayores éxitos en este punto.
Por su parte, el mendocino Luis Petri -delfín de Bullrich- empezó y terminó desdibujado no solo por sus propias limitaciones sino también por la centralidad en el debate que tuvo la figura de Villarruel, quien recibió la gran mayoría de los ataques discursivos. Si bien intentó mostrar a Juntos por el Cambio como la única fuerza política a la cual le «temen» los delincuentes, no logró correr por derecha a Villarruel y su prédica anti-K resultó una réplica «blanda» de lo que dijo ésta: habló del Estado como «enemigo» y del kirchnerismo como «máquina de generar pobreza».
Las participaciones de Florencio Randazzo (Hacemos por Nuestro País) y de Nicolás del Caño (FIT-Unidad) estuvieron en el orden de lo esperable: el primero marcado por signos de moderación y la búsqueda de equilibrio entre Estado y mercado, el segundo con la histórica receta de plantearse como disruptivos frente a las demás fuerzas que defienden los intereses capitalistas.
Victoria Villarruel, Luis Petri, Agustín Rossi, Florencio Randazzo y Nicolás del Caño
Lo ocurrido en los estudios de TN es la antesala de lo que sucederá en apenas diez días en el debate presidencial: una búsqueda de polarización mutua entre Milei y Massa, en un intento por apartar a Bullrich de la disputa electoral; un preocupante corrimiento a la derecha de los ejes programáticos, lo cual plantea que derechos conquistados (y naturalizados por buena parte de la sociedad) vuelven a estar en peligro. Que estos planteos derechistas vuelvan a tener cabida en amplios sectores sociales da la pauta que algunos aspectos en la implementación de las políticas públicas deben ser revisados hacia delante.
Está claro que la intervención de Massa deberá incluir referencias claras a lo que implica una eventual quita de derechos sociales y económicos, aunque la duda reside en cómo centrará la cuestión propositiva teniendo en cuenta el impacto de las últimas medidas y el descrédito que sufre el oficialismo a partir de la difícil situación socio-económica.
La inteligencia artificial es la posibilidad que tienen los sistemas informáticos de imitar e incorporar capacidades similares a las de la inteligencia humana. La novedad de los últimos tiempos es la masificación de la inteligencia artificial generativa, que posibilita la creación de elementos digitales nuevos que muchas veces parecen reales.
ChatGPT, Dall-E y todas las páginas y aplicaciones que existen para crear imágenes, textos, vídeos o voces creadas por IA son sólo un botón de muestra de un desarrollo tecnológico que estamos lejos de saber hasta dónde va a llegar. Actualmente, muchas empresas del mundo están reemplazando a trabajadores por IA y existen millones de elementos digitales creados artificialmente circulando por las redes. Esta realidad llegó también a la política y no lo podemos obviar.
La época de los deep fakes
Una técnica muy controvertida y cada vez más usada es el deep fake, que permite a través de la IA crear contenido de audio, imagen y video que parece auténtico. Mencionamos algunos ejemplos a nivel mundial de su utilización:
-En 2022 circuló por internet un deep fake del presidente ucraniano Zelenski ordenando la rendición del Ejército y el pueblo ucraniano realizado por hackers rusos. En este caso, la IA generativa se mete por primera vez en un conflicto bélico y el mismo presidente tuvo que salir a desmentir el video.
-En 2018 fue usado en Brasil para modificar un recorte de un noticiero que decía que Lula iba primero en las encuestas y, en cambio, planteaba que Bolsonaro era el que estaba liderando.
-En 2018 se hizo en Estados Unidos muy viral un deep fake de Obama que, justamente, plantea los riesgos de esta tecnología.
-En marzo de este año se difundió masivamente una imagen falsa de Trump siendo arrestado, que generó un gran nivel de indignación y movilización de sus seguidores.
-Manoj Tiwari, un político indio que en 2020 fue candidato en las elecciones de Nueva Delhi, usó un deep fake para modificar un video donde él hablaba en hindi para replicarlo en inglés y el dialecto hindi Harayanvi, idiomas que no habla fluidamente.
La proliferación de los deep fakes no es exclusivo del mundo de la política: se suelen utilizar en lo que se llama “fake porn” y hace unos meses Rosalía denunció por violencia machista al rapero JC Reyes, que posteó en sus redes una imagen falsa creada por IA de la cantante desnuda.
Por otro lado, desde un enfoque positivo puede ser utilizada, por ejemplo, para hacer versiones de canciones realizadas por artistas fallecidos. Recientemente, en el programa “Soñé que volaba” de Migue Granados compartieron una versión de su cortina cantada por el Flaco Spinetta y Mercedes Sosa, creada por IA.
Los fakes en Argentina
En la política local, la historia de las fakes en redes viene desde hace varios años. El diputado Fernando Iglesias tiene una larga historia de compartir tweets y noticias falsas: pasó con C5N y también con la directora de Migraciones, Florencia Carignano. Otro ejemplo viral fue cuando el diputado José Luis Espert compartió una noticia falsa sobre Ofelia Fernández, que ella le contestó con un meme sobre su propio fake con la icónica frase: «Es falsa, teletubi».
La función de las fake news en estos casos es reforzar los prejuicios de sus seguidores hacia personas o instituciones contra las cuales ya vienen construyendo un discurso de odio. El fenómeno de cámara de eco de las redes sociales -donde la mayoría de los usuarios consume contenido que va acorde a sus creencias- potencia el poder de llegada y viralidad de estas fake news, ya no como casos aislados sino como una práctica sistemática de la ultraderecha en todo el mundo. Muchas veces (como sucede en los ejemplos citados) los que difunden la fake news reconocen su error, pero eso no importa porque el daño ya está hecho. Lo que son virales son las acusaciones falsas, casi nunca los pedidos de disculpas.
¿Cómo se relaciona esta tecnología emergente con las campañas electorales? La novedad que incorpora la IA Generativa es que permite una nueva dimensión de fake news y en la campaña de 2023 comienzan a aparecer los primeros ejemplos. El gobernador electo de Chaco de Juntos por el Cambio, Leandro Zdero, denunció un audio falso donde acusaba al dirigente histórico del radicalismo Angel Rozas de “cagador”. En estos días también se hicieron virales dos deep fakes más “inocentes”: uno de Alberto Fernández hablando italiano en la Antártida y otro de Javier Milei dando un discurso en alemán.
El otro uso que está teniendo la IA generativa en la campaña es la creación de memes, imágenes y videos humorísticos positivos para los candidatos. En el caso de Massa podemos destacar la cuenta Archivo General Sergio Massa o IA por la patria que refuerzan el poder memético del candidato, disputa fundamental que ya analizamos anteriormente. En las últimas horas se hizo viral un deep fake humorístico de una escena de la película “Una noche en el Roxbury”, donde Axel Kicillof aparece con un equipo de sonido llamando a Sergio Massa, jugando con su reciente frase de «componer una nueva canción”.
En el caso de Javier Milei circulan distintas imágenes creadas por IA que lo muestran como superhéroe o personaje de ficción como Terminator, y recientemente se hizo viral una imagen muy curiosa que lo muestra pelado (“sin peluca”). Además, existen muchos usuarios de la comunidad digital libertaria que replican todo tipo de fakes que sirven para activar el trolleo contra sus principales enemigos.
En un contexto político donde surgen con cada vez más fuerza discursos de odio, actos de violencia política y amenazas a la democracia, se vuelve necesario poner un especial énfasis en los riesgos que puede tener la utilización de la IA generativa en manos de la ultraderecha. Trump y Bolsonaro tuvieron una estrategia virtual que se apoyó fuertemente en la difusión masiva de fake news.
El debate sobre la regulación
Los innumerables riesgos que abre la IA generativa ponen sobre la mesa el debate de la regulación. En distintas partes del mundo se están empezando a tomar medidas al respecto. China, un país con fuertes reglamentaciones del uso de internet, fue uno de los primeros países en el mundo en dictar normas de regulación de la IA. Entre otras cosas, el gobierno chino obliga a todos los servicios de IA generativa a registrar su algoritmo ante las autoridades. En la Unión Europea está avanzando una ley integral para la regulación de la IA que evaluaría el riesgo de las distintas aplicaciones de la inteligencia artificial y, según las mismas, el nivel de control por parte de las autoridades.
En nuestro país, las normativas y la infraestructura tecnológica del Estado para la protección de datos y regulación de plataformas está muy atrasada. Desde Fundar proponen dos opciones para avanzar: empezar con regulaciones parciales o armar una ley global de servicios digitales. Esta última opción, aunque también la primera, parece muy difícil de llevar adelante en el contexto político y legislativo actual de nuestro país.
En Estados Unidos, grandes empresas tecnológicas como Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft y OpenAI en una reunión con Joseph Biden firmaron compromisos voluntarios con el desarrollo seguro, protegido y transparente de la tecnología de la Inteligencia Artificial que incluyen una especie de marca de agua para elementos digitales creados por estas tecnologías.
La pregunta es si la regulación es posible efectivamente, más allá de las intenciones de los Estados. Según nos comenta el especialista en ciencia de datos Tomas Reneboldi: “El nivel de desarrollo de esta tecnología hace que no esté centralizada, es de código abierto y por lo tanto irrastreable. En texto y en imagen ya no es distinguible para el ojo humano un elemento creado por IA de otro creado por una persona y en poco tiempo se va a lograr en vídeo y audio. En un escenario como éste, cualquier regulación estatal llega tarde y tiene un límite objetivo”.
En medio de una campaña electoral como la que estamos viviendo y en un contexto de crisis tan importante, es poco probable que el debate de la IA generativa tenga un lugar relevante en la agenda. Pero tenemos que ser conscientes que esta tecnología ya está en circulación con todos sus riesgos y potencialidades. En una sociedad donde la disputa por el sentido pasa cada vez más por el ámbito digital, ignorar un cambio con tantas implicancias difícilmente pueda ser una opción.
El relato no es nuevo: la privatización de tierras en nuestro país alcanza cifras alarmantes. En Argentina hay casi 15 millones de hectáreas en manos extranjeras, el 5,22% del país y equivalente a la mitad del tamaño de Italia. Los nombres en la lista de terratenientes son tristemente célebres: desde Joe Lewis hasta Luciano Benetton, pasando por Peter Lee Mc Bride y los herederos de Douglas Tompkins.
Esta vez, el tema es noticia porque un grupo empresario chileno busca adueñarse de una de las zonas más valiosas de Santa Cruz a través de un listado de testaferros que incluyen a la familia Braun y se vinculan al buffet de abogados de Martínez de Hoz.
La historia es así: tres estancias administradas por accionistas vendieron sus propiedades a un magnate chileno escondido detrás de la fachada de una empresa regenteada por testaferros argentinos. Ocho ríos, 50 kilómetros de vera del Lago San Martín y una buena porción de bosque nativo en una zona sensible: es parte del territorio demarcado por los acuerdos con Chile que casi conducen a un conflicto bélico al inicio de la década de 1980.
El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat está al frente de la querella. «La estancia está cerrada y sin realización de trabajo alguno hasta su destino en sede judicial», explicó en diálogo con El Grito del Sur. Es el Juzgado Nacional 9 en su Secretaría 18 el encargado de velar por el patrimonio nacional. Son 60 mil hectáreas que incluyen un lago interno de grandes proporciones –laguna Corazón– y más de 60 lagos o lagunas chicas. El lago en cuestión, el San Martín (llamado O´Higgins del lado chileno), es el más profundo del territorio americano y alberga una flora y una fauna única.
Maximiliano Ibáñez Bulnes
El dueño y sus secuaces
Maximiliano Ibáñez Bulnes es un empresario chileno, dueño de Córpora Sociedad Anónima, tal como relata la investigación del diario La Opinión Austral. Es hijo, nieto y bisnieto de empresarios vinculados al rubro alimenticio, pero en los últimos tiempos se dedicó a comerciar con tierras patagónicas bajo el amable mote de «empresario turístico». Aunque no figure en los papeles, es el verdadero dueño de las tres estancias en cuestión.
Quien sí aparece con nombre y apellido y prestando su firma es Ezequiel Braun Pellegrini, el titular fiduciario de Inversiones Aluquina S.A., la empresa con la que el magnate chileno intenta avanzar sobre suelo santacruceño.
Si se habilita la venta «sería un fraude tanto a la Ley 26.737 de Protección del Dominio Nacional sobre las tierras rurales como a la legislación sobre zonas de frontera», señaló Barcesat. «De hecho este territorio fue parte del laudo arbitral llamado Laguna del Desierto tras el conflicto con Chile, al punto de que hay un hito demarcatorio de la frontera que está instalado en uno de los bordes del predio».
Ezequiel Braun Pellegrini
Ahora, los socios clase A (miembros sin voto de la sociedad que puso en venta las estancias) deben brindar declaración testimonial, ya que los dueños y accionistas clase A habrían recibido los pagos a través de transferencias desde el exterior por medio de bancos chilenos y norteamericanos. Los titulares de las cuentas están vinculados a la familia Ibáñez Bulnes y el abogado querellante Eduardo Barcesat alega esto como prueba irrefutable de la vinculación del chileno con sus testaferros locales.
En el intento de borrar su propia huella, la empresa Córpora de Ibáñez Bulnes creó el fideicomiso que compró las tierras y contactó a Ezequiel Braun Pellegrini para poner la firma, un hombre vinculado a la familia Macri, familiar de los dueños de los supermercados La Anónima y de uno de los financistas de la campaña de Javier Milei.
En materia legal, todo lo actuado contraviene nuestro marco normativo vigente. El artículo 124 de la Constitución establece que el dominio originario de las tierras pertenece a la provincia de Santa Cruz, pese a que la querella quedó instalada en Capital Federal, donde se llevó a cabo toda la maniobra de la venta fraudulenta. La pregunta de fondo es cómo los organismos argentinos permitieron la inscripción y la compra del terreno.
Mapa: La Opinión Austral
La provincia de Santa Cruz se sumó a la querella dirigida por Barcesat, en la figura del procurador general de la provincia. Lo mismo hizo la Unidad de Información Financiera (UIF), que busca investigar la maniobra de omisión a cargo de los organismos de contralor encargados de velar por los bienes argentinos.
El dato de color es que el directorio de la empresa constituida para operar la compra tiene domicilio en Suipacha 1111, en el estudio Pérez Alati, propiedad del abogado homónimo y sus socios Grondona, Benites, Arntsen y Martínez de Hoz. Cualquier relación de estos apellidos con la venta del país a extranjeros, es pura coincidencia.
Cine Migrante es considerado uno de los más importantes encuentros cinematográficos de la agenda cultural regional. Desde aquella primera edición en 2010, mantiene como objetivo construir un diálogo intercultural e integrador, de formación en Derechos Humanos, para con ello poder hablar de las realidades sociales de las comunidades migrantes.
En este nuevo encuentro se compone de actividades como conferencias, lecturas, performance y proyecciones que forman un todo complejo e interconectado. Una conexión entre las diferentes expresiones, unidas por un hilo conductor potente, decolonial y disruptivo.
Distribuida en tres salas (Centro Cultural Kirchner, Cultural San Martín y Cine Gaumont), la decimocuarta edición de Cine Migrante parte de una declaratoria que la ubica en un punto geográfico, político y estético: «En el límite de lo visible». La apertura del programa es clara: «en esta 14° Edición el tono vegetación azul noche inunda todo nuestro festival. CineMigrante trae una propuesta que se abre hacia un cine que elude el encuadre y huye de la captura, en un gesto de fuga por conformar terreno, pequeñas parcelas habitables». Ese margen configura la identidad del festival y la propuesta que ofrecerá al público que lo visite, desde el 20 y hasta el 30 de septiembre.
Todos los films que participan de esta edición estarán enmarcados en dos curadurías: «Indicios de Parcelas Habitables» y «Materiales Fantasmas». La primera es la curaduría central del festival, realizada por Almudena Escobar López (España), Olivier Marboeuf (Francia) y Florencia Mazzadi (Argentina). Se compone de siete programas que «dan espacio a una cinematografía que confabula algunas estrategias de fuga de voces y vidas minoritarias, de las capturas de la modernidad occidental». En este camino, se enfoca en los sujetos vivientes, en sus corporalidades como símbolos cargados de nuevas epistemologías, insertos en un contexto nocturno.
Esta primera curaduría es un recorrido áspero por dieciocho filmes que caminan sobre el suelo X. El programa n°2, «Discernir el destello de la posibilidad», parte del filme «Cette Maison» (Myriam Charles, 2022) para construir un «qué hubiera pasado si» que conecta pasado, presente y futuro desde la ausencia. El programa n°3, «La barca está abierta», indaga – a partir de cuatro propuestas audiovisuales- en musicalidades, espiritualidades y ausencias en territorialidades de apariencia inconexa. El cuarto programa, «Un lugar que deshabla», muestra la conexión irrompible entre el territorio y los sujetos que lo habitan -humanos y no humanos- envueltos en discursivas de rebelión y conciencia ambiental. El quinto, «¿Dónde están sus monumentos?», reconstruye caminos de rebelión, de identidad, de movimiento territorial y corporal. En el programa n° 6, «¿Dónde están sus archivos?», tres producciones se centran en la construcción de archivos de la memoria viva, desde la polivocalidad de los sujetos, a través del espacio y de las generaciones. En el programa n°7, «Sobre qué suelo caminas», dos filmes que pisan suelo brasilero, para hablar de territorios, colonialismo y ambientalismo: «Ha Terra!» (2016) y «E noite da América» (2022), ambos de la artista Ana Vaz.
El cierre es el principio y el festival culmina con el programa n°1, en dos salas simultáneas y con «lo colectivo» como base. Dos filmes que muestran una grupalidad desde el feminismo y otra grupalidad desde la distopía de construir una nueva sociedad separada de nuestras estructuras de poder actuales.
«Materiales Fantasmas», la segunda curaduría a cargo de Olivier Marboeuf, se centra en una puesta en valor del archivo fílmico y visual de Guinea Bissau, un proceso que ya lleva más de diez años de trabajo. Las cintas se tornan testimonio del nacimiento del cine guineano y una parte esencial de la visión de la descolonización de Amílcar Cabral, ingeniero agrónomo, escritor y uno de los líderes de la liberación, asesinado por las fuerzas represivas del poder colonial en 1973. Esta curaduría se compone de tres programas que viajan desde las aldeas africanas hasta las capitales occidentales.
«Nome» (2023), del director y escritor bissau-guineano Sana Na N’Hada, es una historia centrada en Nome, quien deja su aldea para sumarse a la resistencia del Partido Africano por la Independencia de Guinea (PAIGCV) contra el gobierno colonial portugués. Se proyecta el jueves 28 de septiembre, a las 18:30hs, en el C.C. Kirchner (Piso 6, Sala B).
La realizadora portuguesa Filipa César vuelve a la figura de Amilcar Cabral en «Mined Soil» (2014), pero enfocada en su trabajo agrónomo, en el suelo como espacio que también proyecta memorias. Convive su propuesta con «Spell Reel» (2017), de la misma portuguesa Filipa César, donde la memoria documental del inicio del cine guineano opera como espejo no solo del pasado, sino también del presente, desde una mirada decolonial. Se puede ver el viernes 22 de septiembre, a las 20hs en la Sala Leonardo Favio del Cine Gaumont.
Cine Migrante rodea el territorio y lo habita, pero desde perspectivas que huyen/combaten el encuadre colonialista. Una propuesta para nuevas construcciones de sentido, de memoria, de escucha y habla. Todo en un tono vegetación azul noche dispuesto a cubrirlo todo.
