“Civiles de la dictadura” es una iniciativa de El Grito del Sur, el Espacio de la Memoria Virrey Cevallos, La Retaguardia y Tierra Roja en el que buscamos ponerle cara a los responsables civiles de la última dictadura cívico militar eclesiástica. Este 24 de marzo, el año en el que se cumplen 40 años de recuperación de la democracia, presentamos esta primera entrega con detalles de veinte empresarios que participaron activamente de la represión.
Julio Méndez
Loma Negra
Alfredo José Martínez Minetti
Ingenio la Fronterita
Emilio Méndez
Loma Negra
Roberto José Pellegrini
Acindar
Ricardo Torralvo
Acindar
Eduardo Butori
Ingenio la Fronterita
Adolfo Navajas Artaza
Las Marías
Héctor Francisco Jesús Sibilla
Ford
Fernando Cornú de Olmo
Ingenio la Fronterita
Alberto Lemos
Ledesma
A mediados de marzo, del mes de la memoria, Carlos Pedro Tadeo Blaquier murió. Amo y señor de varios pueblos de Jujuy cuyas poblaciones dependieron del ingenio azucarero epicentro de su poder, socio que aportó al terrorismo de Estado y se valió de él para crecer y acumular, emblema de la pata civil de la última dictadura cívico militar eclesiástica, Blaquier tenía 95 años y murió impune, ayudado por el paso del tiempo y también por quienes deberían haberlo juzgado. A dos semanas de un nuevo aniversario del golpe genocida, en el año en el que se cumplen 20 años de la nulidad de las leyes de impunidad y 40 de la restauración de la democracia, su muerte no dice sólo que él ya no está, sino más bien que el terror trajinado que encarnó durante los años de horror sigue (muy) vivo.
Las causas que investigan el comportamiento criminal de civiles vinculados con empresas –dueños o personal jerárquico– durante el golpe de Estado –su participación en secuestros y torturas o el aporte corporativo de recursos y datos para que las patotas de las Fuerzas Armadas y de seguridad los llevaran a cabo, incluso los beneficios que aquellos hechos implicaron para algunas compañías– son tan pocas dentro del universo de expedientes que integran el proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad de la última dictadura que ni siquiera vale el porcentaje para destacarlo en una infografía.
Hace dos años que se abren nuevas causas por hechos de este tipo y las novedades que hubo en las existentes fueron impactantes, pero ahí quedaron. Los juicios contra exdirectivos de Acindar y de La Fronterita, que hace un año esperan por fecha; las imputaciones a exdirectivos de las ceramistas Cattaneo y Lozadur, que esperan que la justicia ordinaria las avale o los fallos que duermen en la Cámara Federal de Casación o la Corte Suprema, como el del exgerente de Mercedes Benz o los jerarcas de la Ford, son algunos ejemplos.
Los pocos pasos que han dado las causas fueron gracias a la insistencia del movimiento de derechos humanos, de abogados y abogadas que llevan adelante las querellas particulares y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y, lamentablemente, no fueron definitorios. Hablamos de juicios orales y públicos, sentencias firmes. Porque hay que tener un dato presente: si una persona fue investigada, imputada y procesada por un delito, pero muere antes de que un tribunal confirme su responsabilidad en una sentencia, esa persona será sobreseída en los papeles. “Y la historia se escribe en papeles, ¿no es cierto?”, se pregunta una fuente muy cercana a la batalla por que la Justicia asuma la responsabilidad de juzgar al poder económico por su rol en los crímenes de lesa humanidad.
Para contar la complicidad del poder económico con el plan sistemático de exterminio desplegado por las Fuerzas Armadas y de seguridad en el país entre las décadas del 70 y 80 es necesario contar la lucha del movimiento obrero, que comenzó algunos años antes y que empezaba, cuando el terror mostró todos los dientes, a torcerle la mano al poder y a reescribir las reglas de la distribución de la riqueza, y que puso gran parte de les muertes y desaparecides en ese capítulo de nuestra historia. La última dictadura vino a evitar todo aquello: primero fue por les delegades, luego por quienes les escuchaban y sus familias, y por último por varios indiferentes. No vaya a ser cosa que quedara algune sin miedo.
Y contar ambos es una manera de explicar el presente del país porque sirve para saber qué intereses son los que priman por sobre los de la mayoría y quiénes los protegen. Investigar procesalmente la complicidad de empresarios y jerarcas económicos con la última dictadura no es sencillo. Los ejemplos de empresas en las que funcionaron centros clandestinos hay pocos (Ford es una de ellas). Pero el camino para avanzar en la tarea de entender cómo y por qué la desaparición y la neutralización de la clase trabajadora consciente de sus derechos benefició al cordón más concentrado del poder económico local está escrito y puede profundizarse. Lo que falta es voluntad y tiempo.
A mediados de marzo, del mes de la memoria, Carlos Pedro Tadeo Blaquier murió. Amo y señor de varios pueblos de Jujuy cuyas poblaciones dependieron del ingenio azucarero epicentro de su poder, socio que aportó al terrorismo de Estado y se valió de él para crecer y acumular, emblema de la pata civil de la última dictadura cívico militar eclesiástica, Blaquier tenía 95 años y murió impune, ayudado por el paso del tiempo y también por quienes deberían haberlo juzgado. A dos semanas de un nuevo aniversario del golpe genocida, en el año en el que se cumplen 20 años de la nulidad de las leyes de impunidad y 40 de la restauración de la democracia, su muerte no dice sólo que él ya no está, sino más bien que el terror trajinado que encarnó durante los años de horror sigue (muy) vivo.
Las causas que investigan el comportamiento criminal de civiles vinculados con empresas –dueños o personal jerárquico– durante el golpe de Estado –su participación en secuestros y torturas o el aporte corporativo de recursos y datos para que las patotas de las Fuerzas Armadas y de seguridad los llevaran a cabo, incluso los beneficios que aquellos hechos implicaron para algunas compañías– son tan pocas dentro del universo de expedientes que integran el proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad de la última dictadura que ni siquiera vale el porcentaje para destacarlo en una infografía.
Hace dos años que se abren nuevas causas por hechos de este tipo y las novedades que hubo en las existentes fueron impactantes, pero ahí quedaron. Los juicios contra exdirectivos de Acindar y de La Fronterita, que hace un año esperan por fecha; las imputaciones a exdirectivos de las ceramistas Cattaneo y Lozadur, que esperan que la justicia ordinaria las avale o los fallos que duermen en la Cámara Federal de Casación o la Corte Suprema, como el del exgerente de Mercedes Benz o los jerarcas de la Ford, son algunos ejemplos.
Los pocos pasos que han dado las causas fueron gracias a la insistencia del movimiento de derechos humanos, de abogados y abogadas que llevan adelante las querellas particulares y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y, lamentablemente, no fueron definitorios. Hablamos de juicios orales y públicos, sentencias firmes. Porque hay que tener un dato presente: si una persona fue investigada, imputada y procesada por un delito, pero muere antes de que un tribunal confirme su responsabilidad en una sentencia, esa persona será sobreseída en los papeles. “Y la historia se escribe en papeles, ¿no es cierto?”, se pregunta una fuente muy cercana a la batalla por que la Justicia asuma la responsabilidad de juzgar al poder económico por su rol en los crímenes de lesa humanidad.
Para contar la complicidad del poder económico con el plan sistemático de exterminio desplegado por las Fuerzas Armadas y de seguridad en el país entre las décadas del 70 y 80 es necesario contar la lucha del movimiento obrero, que comenzó algunos años antes y que empezaba, cuando el terror mostró todos los dientes, a torcerle la mano al poder y a reescribir las reglas de la distribución de la riqueza, y que puso gran parte de les muertes y desaparecides en ese capítulo de nuestra historia. La última dictadura vino a evitar todo aquello: primero fue por les delegades, luego por quienes les escuchaban y sus familias, y por último por varios indiferentes. No vaya a ser cosa que quedara algune sin miedo.
Y contar ambos es una manera de explicar el presente del país porque sirve para saber qué intereses son los que priman por sobre los de la mayoría y quiénes los protegen. Investigar procesalmente la complicidad de empresarios y jerarcas económicos con la última dictadura no es sencillo. Los ejemplos de empresas en las que funcionaron centros clandestinos hay pocos (Ford es una de ellas). Pero el camino para avanzar en la tarea de entender cómo y por qué la desaparición y la neutralización de la clase trabajadora consciente de sus derechos benefició al cordón más concentrado del poder económico local está escrito y puede profundizarse. Lo que falta es voluntad y tiempo.
La historia de los trabajadores rurales represaliados en la localidad de Virasoro es un caso paradigmático respecto a la complicidad empresarial y a los mecanismos de impunidad que se han generado para disimularla
La historiadora e investigadora habla sobre las causas juzgadas y las que esperan su elevación a juicio oral, analiza el legado del proceso de investigación y sentencia: "Hubo diálogo y coordinación entre empresarios y militares"
La invasión militar de la provincia de Tucumán durante el Operativo Independencia significó la generalización de la persecución contra los trabajadores y delegados de La Fronterita, que venían de un proceso de mucha conflictividad con la empresa. 48 años después, por primera vez parece cerca el fin de la impunidad para los crímenes cometidos contra los trabajadores de La Fronterita.
Civilesdeladictadura.com.ar es un trabajo colaborativo entre periodistas, activistas y organizaciones de Derechos Humanos. La plataforma fue concebida con la idea de, por primera vez, ofrecer un listado unificado de los responsables civiles de los crímenes de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. Esta primera entrega concentra los primeros 20 perfiles de empresarios que fueron procesados, condenados o que esperan su turno para ser juzgados. También de aquellos que murieron impunes y de quienes por ahora gozan de impunidad.
Equipo periodístico:
Matías Ferrari
Ludmila Ferrer
Ailín Bullentini
Yair Cybel
Gerardo Aranguren
Hilda Presman
Sebastián Furlong
Fernando Tebele
El 17 de septiembre de 2013 se creó la Línea 144 para brindar atención, contención y asesoramiento a mujeres e integrantes del colectivo LGBTIQ+ que sufren situaciones de violencia de género. En el comienzo estuvo bajo la órbita del Consejo Nacional de las Mujeres. Después, entre 2017 y 2019 pasó a estar a cargo del Instituto Nacional de las Mujeres, que dependía del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, y a partir de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGD), comenzó a estar en sus manos.
Actualmente, en la sede de Nación no se sabe qué va a pasar después del 10 de diciembre, con la asunción de Javier Milei que prometió cerrar el Ministerio. “El gran tema es que hay trabajadoras precarizadas. En la sede de Nación son todos contratos que se renuevan una vez al año”, dijo a El Grito del Sur Leticia Kelly, trabajadora y delegada del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Por otro lado, después del triunfo de La Libertad Avanza, las trabajadoras del MMGD recibieron ataques. Hubo amenazas de bomba y llamadas de personas que amenazaban a las laburantes: “Les decían que se iban a quedar sin trabajo y que se les había acabado el curro. En provincia, en uno de los edificios del Ministerio se acercaron personas a insultar y escupir el escritorio a una trabajadora”, afirmó Kelly.
Existen tres sedes de la 144: una nacional, otra en la Provincia de Buenos Aires y la restante en la Ciudad de Buenos Aires. “En Provincia antes dependía de la Secretaría de Derechos Humanos. Con la gestión de María Eugenia Vidal se transformó este programa, quienes trabajaban en la Línea comenzaron a estar tercerizadas”, contó Leticia Kelly y aclaró: “En vez de que fuera del Estado, las trabajadoras estaban contratadas por la empresa ProvinciaNet y figuraban como trabajadoras de comercio. Después, en 2021 se volvió a estatizar”.
Por otro lado, Kelly contó que en el momento en el que la Línea fue privatizada en la provincia “las compañeras tenían malas condiciones laborales y a algunas les descontaron casi la mitad del sueldo por agremiarse” y afirmó: “También querían medir la cantidad de tiempo que podían atender una llamada. Una no puede contar el tiempo que va a atender porque depende de la demanda de la persona. Vos estás para acompañar, no podés decirle ‘se me acabó el tiempo y no te puedo ayudar más’”.
En la Línea 144 atienden en promedio 340 comunicaciones al día y entre enero y junio de 2023, se recibieron 49.679 llamadas. Tiene alcance nacional, es gratuita, confidencial y funciona las 24 horas, todos los días del año. Además, recientemente se incorporó un sistema de comunicación por videollamadas para personas sordas e hipoacúsicas. Una de las razones del crecimiento de la Línea es su fuerte difusión, principalmente a través de campañas que se transmitían en el marco del programa “Fútbol para todos” en eventos deportivos televisados y continuó a lo largo de los años por distintos medios, tanto en la televisión como en la vía pública. Otro hito que disparó las llamadas fue la primera marcha Ni Una Menos en 2015: antes de la movilización se recibían alrededor de 1500 comunicaciones a la semana y después se llegó a 13.700.
En la Línea 144 atienden en promedio 340 comunicaciones al día y entre enero y junio de 2023, se recibieron 49.679 llamadas. Tiene alcance nacional, es gratuita, confidencial y funciona las 24 horas, todos los días del año.
Sin embargo, la ola de llamadas históricas ocurrió en 2018 cuando Thelma Fardín denunció públicamente a Juan Darthes: los llamados aumentaron más de un 200%. “Yo tengo una foto en la cabeza de lo que fue el equipo ese día, de lo determinante que fue para nosotras. Fue un antes y un después. Tengo la imagen de seis compañeras, cuando hoy somos veintitantas, en ese turno de la tarde. Nos mirábamos unas a otras y teníamos ganas de llorar porque lo que ocurría nos sobrepasaba completamente”, contó unx operadorx en el informe por el aniversario de la Línea.
La Línea 144 está integrada por un equipo profesional con perspectiva de género. Lejos de tener una modalidad de call center, la atención es especializada, distinta con cada persona y con una escucha atenta. “En esa escucha se indagan recursos económicos, recursos simbólicos, redes. Siempre hay un recorrido previo, si pasó por alguna instancia desde algún recurso, si llamó al 911. Toda esa información nos da la posibilidad de construir una estrategia”, relató unx operadorx en el informe de la Línea. Por su parte, Kelly contó: “En la llamada hay que hacer una lectura rápida de la situación para saber si es una emergencia o si es para asesoramiento. La idea es poder escuchar y orientar en función de lo que pida la persona. El objetivo es poder contener, acompañar y asesorar. La escucha es activa, se busca que la persona se dé cuenta que vos estás”.
Con el Ministerio de Mujeres, se buscó trabajar en la necesidad de cuidar la salud mental de quienes trabajan atendiendo. En Nación se creó un área de Salud Mental conformado por profesionales de la psicología y también se determinó que después de 4 días de trabajo haya uno de descanso. Además, según contó Kelly, en la Provincia de Buenos Aires empezó a haber un mecanismo de rotación de tareas para que quienes estaban hace varios años atendiendo pasaran a otras áreas del Ministerio.
“Después de cada llamada hay un descanso. Si una está con toda esa carga de lo que escuchó y atiende enseguida otra llamada, no la va a atender bien. También hay temáticas que cada una sabe cómo le afectan”, sostuvo Leticia Kelly, que solía trabajar en la Línea, y agregó: “Hay personas que no pueden atender abusos sexuales, otras que no pueden con adultos mayores. Entonces, eso es parte del laburo de la coordinadora de turno, de poder cambiar con otra compañera para que la persona reciba una buena atención y que la trabajadora no deje la salud mental en la atención”. Sin embargo, también remarcó: “De todas formas, te afecta un montón. Yo sostengo firmemente que es un trabajo que no se puede hacer mucho tiempo, hay que rotar sí o sí para poder atender bien”.
Los resultados del domingo 19 de noviembre fueron un golpe que todavía estamos asimilando en el campo popular. Una derrota de estas características nos obliga a parar la pelota y a repensar muchas cosas. En particular en el terreno digital y de la comunicación política, creemos que hay mucho para reflexionar porque nos ganó una fuerza que tiene en ese ámbito una de sus principales fortalezas y porque existieron experiencias muy interesantes de nuestro lado para rescatar a pesar de la derrota. En esta nota hacemos un punteo de 9 líneas para repensar nuestra comunicación política y activismo digital.
Romper el algoritmo y la burbuja: La polarización y la fragmentación social hace posible que muchas personas casi no tengamos vínculo con gente que votó distinto a nosotros. Para reconstruir una mayoría es fundamental romper las burbujas virtuales y también sociales que nos impiden escuchar y dialogar con personas que piensan distinto. Esto nos llevó a muchos a sorprendernos del 30% de Milei en las PASO y no ver venir los 11 puntos de diferencia en el ballotage. Para lograrlo se necesitan estudios de opinión serios, social listening pero también a nivel individual romper nuestro propio algoritmo y salir de la comodidad de escuchar solamente a gente que piensa como uno.
Lo auténtico le ganó a lo profesional: La campaña de Milei fue mucho más improvisada y menos prolija que la de Massa. El candidato libertario cometió muchísimos más errores no forzados; si bien tiene estrategas que acertaron y fueron modificando su discurso e imagen durante la campaña, es incomparable el nivel de profesionalidad que había entre los dos candidatos que compitieron en el ballotage y sin embargo ganó Milei. Obviamente que ese no es el único factor que explica el resultado, pero sí nos invita a repensar las recetas de comunicación política que estamos usando de este lado, que lo auténtico y genuino es muchas veces más importante que lo estético, sobrio y correcto.
Tenemos que organizar el activismo digital: Esto ya lo venimos planteando desde el resultado de las PASO, pero ahora se abre una nueva etapa. El campo popular debe darse una estrategia coordinada a mediano y largo plazo de ocupar un lugar más protagónico en el campo digital, que debe ir de la mano con una política que movilice e interpele a los jóvenes que son un sujeto clave para estos espacios. Se tejieron redes, aparecieron colectivos (como Indisciplinadxs) y articulaciones muy potentes en la campaña que sería clave que continúen desde la oposición. Poner la militancia digital al mismo nivel y jerarquía que ponemos a la militancia territorial, sindical o social, suena difícil para el campo popular pero es el momento de hacerlo.
Los memes como espacio de resistencia:La contraofensiva memética de Unión por la Patria fue un elemento importante en la reacción de nuestro espacio después de las PASO. La capacidad viral de estas piezas cumple un rol clave en la disputa de sentido en la cultura contemporánea. La creación de comunidades con lenguajes propios generan culturas memeticas con capacidad viral, en el caso de los libertarios esto se dio imitando la cultura 4chanera yanqui en plataformas como Reddit, 9gag o Devox, en el campo popular existe la experiencia de la Comunidad Hagovera o Piropos Peronistas que tienen un gran potencial.
Whatsapp es la red fundamental: Es la red social más masiva y las estrategias del campo popular en la misma vienen retrasadas. Durante la campaña hubo avances y experiencias interesantes, pero todavía estamos lejos del desarrollo que tiene la ultraderecha. En un contexto donde los medios y políticos tienen un nivel de credibilidad muy bajo, el Whatsapp es fundamental para llegar al teléfono de millones de personas.
Todas las redes, todas: Sergio Massa y Cristina Kirchner se hicieron su TikTok recién a mitad de este año y también son recientes la mayoría de sus cuentas fan. Este dato es una muestra de cómo nuestros representantes están llegando tarde a las nuevas plataformas dando una ventaja sustancial a la ultraderecha. No tenemos margen para elegir no dar la disputa en ninguna red social masiva, tenemos que articular una estrategia que incluya todas las plataformas en donde los argentinos y las argentinas interactúan.
Profundizar redes internacionales: Milei tiene mucho en común con Bolsonaro, Trump, Vox y toda la ultraderecha internacional. Las particularidades de Argentina existen, pero no impidieron que gane un candidato muy similar a los que están avanzando en distintos lugares del mundo. Esto nos obliga aprender de las experiencias de resistencia y organización digital contra la ultraderecha en todo el mundo, para la campaña existió coordinación y articulación de experiencias pero ahora es momento de profundizarlas. Ellos tienen su fortaleza en una red internacional muy fuerte que nosotros debemos imitar.
Recambio generacional: En la dirigencia del peronismo y el campo popular es necesario un recambio generacional que ya está en marcha, lo mismo aplica para el campo de la comunicación política: los resultados adversos y la clara desventaja que tenemos con la ultraderecha en el mundo digital tendría que llevar a los principales consultores, agencias y estrategas que trabajan para nuestra fuerza a incorporar en lugares de definición a nuevas generaciones y hacer una autocrítica. Uno de los elementos distintivos del equipo de comunicación de Milei era su bajo promedio de edad y la incorporación de jóvenes en espacios de definición. Los nativos digitales son fundamentales para una estrategia de redes que interpele a las nuevas generaciones.
Cuestionar el modelo de las consultoras: Uno de los factores que explica las deficiencias del peronismo en la comunicación política es la falta formación y comprensión sobre este campo que tiene la dirigencia. La falta de cuadros propios o también no darle lugar a compañeros y compañeras que vienen trabajando hace años en este campo lleva a terminar en todas las campañas contratando consultoras y gurúes foráneos con un nivel de compromiso más ligado a lo monetario que a lo político.
La creatividad política del pueblo argentino es enorme, todas las conquistas e hitos que tuvimos no se explican sólo por nuestra capacidad de resistencia, sino por una potencia creativa y un semillero de cuadros con imaginación política y capacidad organizativa. En el campo de la comunicación política hay miles de profesionales y activistas comprometidos de gran valor, la nueva canción que necesita nuestra política no la tenemos que comunicar con un viejo parlante.
Los logros en materia de institucionalidad y normativas de género y diversidad en nuestro país, construidos al calor de la organización feminista en las calles, están puestos en jaque. Los integrantes de La Libertad Avanza no tienen problema en decir públicamente que el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) debe eliminarse bajo una lógica que piensa al Estado como si fuese lo mismo que una empresa privada. En palabras de Victoria Villarruel, vicepresidenta electa: “Es un embudo de ingresos públicos, no sirve para nada”.
A partir de la falta de certezas del Gabinete libertario hacia los trabajadores y las trabajadoras de la institución feminista nacional, y las amenazas de bomba que coronan una escalada de violencia machista desde el triunfo en las urnas de Milei, surgen una serie de preguntas: ¿Cómo cumplirá el Estado sus obligaciones asumidas en tratados internacionales de Derechos Humanos? ¿Cómo continuarán las políticas de género que fueron jerarquizadas con la creación del MMGyD? ¿Qué pasará con las casi dos millones de mujeres y LGBTI+ que fueron beneficiaries de sus políticas? En otro plano de las consecuencias, ¿cómo continuarán articulándose y funcionando las áreas de género y diversidad al interior de las provincias?
El Mapa Generar es una herramienta creada por la Dirección de Articulación Federal y Relaciones Intersectoriales del organismo nacional de género que el presidente electo quiere cerrar. Los equipos técnicos, integrados por profesionales de las Ciencias Sociales, se encargaron de relevar y dialogar con las diferentes áreas de género del país para diagnosticar cuál es la situación de la institucionalidad de las políticas de género y diversidad en todo el territorio.
El objetivo del portal web, de acceso público para la ciudadanía, es ofrecer información actualizada sobre la evolución de programas, organismos estatales y leyes, entre otros, en materia de prevención, asistencia y protección de las mujeres y LGBTI+ frente a las violencias de género, así como la identificación de las medidas locales que promuevan la igualdad de género.
A raíz del diálogo con referentes de provincias, municipios, departamentos y comunas, que son los primeros espacios de escucha y atención a mujeres en situación de violencia, hoy el Estado Nacional reconoce la existencia de 1150 áreas de género y diversidad al interior de gobiernos locales. Cabe destacar que, en cada caso, existen desde diferentes jerarquías que impactan también en la disponibilidad presupuestaria y, consecuentemente, en la posibilidad concreta de llevar adelante políticas públicas: hoy, solamente 257 áreas reconocen tener un presupuesto propio.
Hace algunos años, un informe de CEPAL (2017) declaraba que la Argentina alcanzaba el 22% de institucionalidad de género en los gobiernos locales. La nueva gestión asumirá con la cifra llegando casi al 49%. Su crecimiento se aceleró entre 2019-2022, a través del acompañamiento de un Estado Nacional que reconoció la necesidad de jerarquizar y transversalizar estas políticas al interior de su propio Gabinete. Además, el Programa Generar (política de asistencia a gobiernos para reforzar la institucionalidad, dependiente del MMGyD) creó 64 áreas municipales y fortaleció las líneas de trabajo en género y diversidad de 17 gobiernos provinciales y más de 120 Estados locales.
Según el Mapa Generar, el acceso al Programa Acompañar (política de asistencia económica y psicosocial para mujeres y LGBTI+ que atraviesan violencias de género, dependiente del MMGyD) es contemplado como herramienta en más de 800 municipios. Además, 993 gobiernos reconocen que implementan la Ley Micaela de capacitación a la administración pública en perspectiva de género y diversidad.
Hace algunos años, un informe de CEPAL (2017) declaraba que la Argentina alcanzaba el 22% de institucionalidad de género en los gobiernos locales. La nueva gestión asumirá con la cifra llegando casi al 49%.
El Cupo Laboral Travesti Trans, una deuda histórica que comenzó a ser saldada en esta gestión, también se replica al interior del país. En la Administración Pública Nacional, 955 personas del colectivo cuentan con un trabajo registrado. En los municipios, 320 estados locales ya están implementándolo.
La discontinuidad de las políticas nacionales con perspectiva de género y diversidad, acompañada de un giro político de corte neoliberal, repercutirá en los gobiernos locales. En el Municipio de Ulapes, al sur de La Rioja, a través del Programa Generar se logró fortalecer el trabajo de la Dirección de la Mujer y Equidad de Género. Se trata de una localidad que no llega a tener cinco mil habitantes pero que, aún así, demanda medidas estatales de prevención y abordaje de las violencias.
Sin nombres para dirigir la cartera nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad, con amenazas del uso de la violencia contra trabajadoras y trabajadores, con la expresión manifiesta de la voluntad de los nuevos funcionarios de cerrar el espacio institucional y sin una hoja de ruta clara sobre cómo será la política de género en los cuatro próximos años, queda una pregunta por hacer: ¿qué pensará hacer el Gobierno Nacional con la realidad inminente de un país donde una mujer es asesinada cada 39 horas? Planteado desde su lógica mercantil: ¿Una mujer muerta no es una empleada menos en las oficinas?
Que La democracia… sea un libro de edición cuidada es algo que, de por sí, debe ser mencionado. Porque sabemos que editar por fuera del canon del mercado editorial o de los apoyos institucionales es una apuesta audaz en sí misma. El gesto de perseverar en la cultura letrada, buscando a la vez elaborar esa cultura letrada al interior del campo de las militancias populares, es una rareza difícil de nombrar. Un libro de cultura letrada y popular, con una frágil “y” que pretende reunificar lo que la historia separa, es un ave rara, pequeña y bella que vuela con el viento en contra.
El esfuerzo conlleva una apuesta, aquella que avizora la necesidad fundamental de recuperar los pliegues conceptuales que entraman las experiencias políticas; las formas de organización y conformación de demandas, los diagnósticos de la coyuntura, producidos de modo práctico en el ejercicio mismo de la política. Es preciso adjudicarles a esas prácticas su condición de invención intelectual, para poder pensar la condición imaginaria de esa división que aparece entre formas del trabajo intelectual y formas del trabajo manual, que se reimprime sobre otra demarcación ideológica entre intelectuales y militancia, intelectuales y políticos o intelectuales y pueblo.
Esas fronteras que se trafican sigilosamente en la evidencia misma de nuestro lenguaje, son demarcaciones despotenciadoras; son imaginarias pero tienen consecuencias reales que producen distanciamientos, jerarquías, y lenguas intraducibles entre sí. Y hoy se vuelve muy difícil volver ese problema pensable, porque los dispositivos, los mecanismos, las prácticas sistemáticamente organizadas para sostener esas diferencias son cada vez más fuertes y difíciles de romper. Se nos presenta el desafío de reunificar, como el agua y el aceite, el pensamiento teórico y el político, sin advertir que el hecho mismo de su divorcio es el resultado de múltiples derrotas políticas e intelectuales, o, mejor de una misma derrota que se libró en varios campos para consagrar la artificiosa imagen de una teoría depurada de prácticas, de deseo y de historia; tanto como una imagen de la política como nuda acción, acéfala, espontánea o técnica.
Este libro de Mariano Pacheco, muchos de sus libros, diría que casi todo el trabajo de Mariano, tienen que ver de un modo u otro, con este problema, con este diagnóstico –que comparto–. Y La democracia…, es un intento material de hacer algo con este problema, un modo práctico de discutir ese problema, simplemente, haciendo un libro que insiste en ignorar esa frontera. En ese sentido, hay una serie de operaciones en el texto que merecen descatarse.
La primera es que el texto pone en acto una articulación de cuestiones que no suelen estar conjugadas en un mismo libro. Y esas cuestiones son:
Una pregunta fundamental por los conceptos más abstractos. El libro pretende pensar la democracia en la coyuntura argentina actual y, para hacerlo, lo primero que nos presenta, es una recuperación de lo que el autor entiende son los grandes teóricos de la democracia: Spinoza, Marx, Gramsci y García Linera. La selección de esos nombres y no de cualesquiera teóricos políticos de la modernidad liberal, es en sí, una apuesta política. ¿Y cuáles son los conceptos de democracia que se pueden extraer de los pensadores elegidos? Pues bien, la democracia absoluta en Spinoza, en el marco de la idea de una república libre y de la articulación horizontal de los cuerpos a partir de la geometría del deseo. De Marx, la idea de democracia como proceso de democratización; de Gramsci la necesidad de pensar la operación de puesta en forma de esos procesos de democratización; es decir, la composición de un pueblo y, finalmente en Linera, la incorporación de esas formas, de esos procesos en una problemática muy específicamente latinoamericana, que es aquella de la tensión entre Estado y comunidad, aquella que se resiste a pensar la democratización como una pura potencia, una energía constituyente o una lógica anterior que se resiste a la institucionalización; sino el juego de una dialéctica compleja y situada en las historias concretas de formaciones sociales caracterizadas por instituciones frágiles y asediadas por fuerzas materiales supraestatales o antisoberanistas.
En esa breve, brevísima primera parte, el libro identifica algunas grandes ideas fuerza para empezar a pensar desde el lugar más abstracto, ese de las teorías de todos los tiempos, la cuestión de la democracia. La selección de esas ideas, no obstante, no se pretende enciclopedista ni plural per se, es una selección sesgada, partisana y me atrevo a reconocer como materialista. Que no olvida que las mejores ideas sobre la democracia son aquellas forjadas frente al acecho de la injusticia, la persecución, la fragmentación o la victoria de las clases populares.
Tras ese primer momento filosófico, el libro salta a lo que se propone recuperar “legados” de las experiencias democratizadoras en la historia latinoamericana reciente. Pacheco lee las lecciones de democracia de la Revolución Cubana, de la Revolución Bolivariana de Venezuela, del zapatismo, de la experiencia reciente de Bolivia y de la más lejana del peronismo entendido como comunidad organizada. El libro nos conduce así, del momento del concepto al de las memorias de luchas históricas; es el momento de un llamado a componer el archivo de las ideas disponibles para inventar un futuro que sea nuestro. De esos legados se extraen también conceptos, aunque estos ya no se presentan en persona sino entramados en herencias políticas concretas que nos interpelan abriendo la pregunta sobre lo que vamos a hacer con ellas. La herencia es siempre un mandato, una tarea y la obligación de hacerse una pregunta por el presente.
Finalmente, una vez colocada la discusión sobre la democracia, abriendo la pregunta a la multiplicidad de matices que en su nombre se invocan, el libro dedica a revisar la historia política de los últimos cuarenta años en Argentina, explorando las genealogías de su multiplicidad temporal. Es la parte más extensa del volumen, de la que sólo pueden aquí destacarse algunos hallazgos.
En primer lugar, el proceso de neoliberalización profunda del tejido social en Argentina, abierto fuertemente a partir de la última dictadura, es caracterizado en los términos de una contrarrevolución. Se trata de un énfasis relativamente disruptivo con respecto a cómo se ha pensado el tema. Contra cierta tendencia a pensar el neoliberalismo como un proceso de configuración de un poder total que subsume plenamente la vida humana y natural, las instituciones y el lazo social, la subjetividad y las emociones, el libro sitúa una genealogía que permite pensarlo políticamente. Nombrar al neoliberalismo como contrarrevolución es no sólo pensarlo como una respuesta de clase a la crisis de acumulación del capital, de inicios de los setenta -como lo han pensado, por ejemplo, David Harvey o George Caffentzis-, sino como una respuesta contra la avanzada estratégica que tuvieron entre los cincuenta y sesenta, los movimientos de liberación nacional y tercermundistas.
Pensar políticamente lo que se inicia en 1976 es pensar la pluralidad contradictoria de temporalidades y procesos; pensar qué tipo de hitos son 1976, 1983 y también 2001; 2008 o 2015. ¿Qué se transforma y qué no, en cada una de esas fechas? ¿Qué resortes del juego político son afectados por una derrota o una victoria electoral y cuáles perduran más allá de los cambios de gobierno? Esto exige un esquema desapegado de las tendencias politológicas, capaz de producir una mirada materialista de la coyuntura, entendida como articulación y fragmentación de fuerzas. Una mirada que se concentra en las dinámicas de composición tendencial y contradictoria de bloques hegemónicos.
En este sentido, el libro ofrece una hipótesis que permite una comprensión de la historia política de los 40 años de democracia que resulta rica en consecuencias. Sostiene Pacheco que lo distintivo de la coyuntura que se abre desde 1976 radica en la confluencia y tendencial unificación de las clases dominantes coincidente con la fragmentación de las clases populares; mientras que desde mediados de los años noventa y hacia 2001, lo que se verifica es un movimiento inverso. Este proceso político se encuentra atravesado por dinámicas específicamente políticas que mantienen una relación sobredeterminada con procesos culturales y económicos vinculados a una transformación material del mundo del trabajo; más específicamente, con la tendencial fragmentación del trabajo como principio organizador del lazo social y los procesos de subjetivación.
Lo que esto permite es, finalmente, introducir una pregunta abierta hacia el futuro, con respecto a las formas de politización democratizadora de ciertas experiencias relacionadas a las nuevas formas de trabajo. En ese sentido, el desafío reside en la posibilidad de politización de las formas de vida asociadas a la desarticulación de las formas salariales de empleo y al reconocimiento de otras formas de trabajo ligadas a la reproducción. Es ahí que el libro sitúa el horizonte de vitalidad democrática de los feminismos populares y de la economía popular. Se trata, como sabemos, de procesos que, en América Latina sobre todo, han pensado el problema del trabajo, y no sólo en términos de categoría en el capitalismo, sino como principio aglutinador de la vida social y ordenador de los proyectos subjetivos.
A la pregunta por la democracia y por los futuros horizontes de democratización, el libro asocia la pregunta sobre cómo pensar formas de composición de lo popular, cuando no disponemos estructuralmente de ese principio organizador como experiencia cotidiana, espacio de reunión, modelización simultánea de las subjetividades que es el trabajo formal, o más precisamente el empleo. Los feminismos vienen pensando todo esto, desde la categoría de reproducción social. ¿Dónde hay producción de valor y dónde no lo hay, y si es que efectivamente no la hay en formas de trabajo que se consideran no-trabajo?
¿Qué cosa es, entonces, pensar la democracia como proceso de democratización, es decir, como democracia popular, emancipatoria, cuando ya no tenemos al trabajo asalariado como principio de organización, como lazo y como principio estructurante de la subjetivación y cuando no contamos con las categorías adecuadas para pensar con claridad en qué consiste esa reunificación de sectores dominantes?
A partir de estas coordenadas, el libro sitúa como la principal tarea la reunificación de aquello que políticamente se presenta como separado: el progresismo y el corporativismo, el autonomismo y el populismo, la práctica política y la imaginación intelectual. Al fin y al cabo, la hegemonía como traducción y no como articulación de demandas; traducción en tanto forma de composición de aquello que la coyuntura, o más bien, la historia reciente, han separado.
Sin dudas, constituye un gran acierto situar a las economías populares y más específicamente, a los feminismos populares, como formas concretas, corporales, activas, prácticas, pero también intelectuales para un horizonte democrático emancipador. Pero eso no es todo. En ese marco se abre la tarea de pensar, en relación con estas experiencias, la cuestión de lo nacional. Ni los feminismos ni la economía popular han logrado aún darse una inteligencia colectiva que se haga cargo del problema nacional (que no es necesariamente, la de una celebración conservadora o chauvinista sino la apertura de la pregunta profunda por las memorias soberanistas, por sus formas culturales concretas, sedimentadas en los últimos dos siglos).
Si nos tomamos en serio que el nacimiento del neoliberalismo estuvo estrechamente ligado a una contraofensiva sobre los movimientos de liberación nacional, se vuelve preciso, en momentos de crisis del neoliberalismo -al menos de zozobra de su bloque histórico-, reintroducir de modo práctico, organizacional, la pregunta por la nación y con ella, lo plurinacional.
Con la asunción de Javier Milei a partir del domingo 10 de diciembre, alrededor de 40 trabajadores y trabajadoras que cumplen tareas en Sitios de Memoria -bajo contratos de modalidad artículo 9- quedarían en la calle, puesto que el ministro de Justicia Martín Soria se niega a renovarles la contratación. «En los Sitios de Memoria, los compañeros y compañeras bajo esta modalidad laboral representan casi el 90% de la totalidad de trabajadores. Exigimos la inmediata firma de los contratos», denunciaron integrantes de los Sitios de Memoria Atlético, Virrey Cevallos, Olimpo y Orletti.
El vaciamiento de los Sitios implicaría su inmediato cierre, dado que no existirían las condiciones para poder mantenerlos en funcionamiento. Por ello, las y los trabajadores responsabilizan al ministro Soria y al gobierno actual por «el vaciamiento de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia». «Frente a estos ataques y los que promete el nuevo gobierno negacionista, decimos que vamos a defender cada puesto de trabajo y cada Espacio de Memoria», aseguraron. A lo largo de las últimas horas mantuvieron también reuniones con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, quien escuchó los reclamos pero pateó la pelota para el lado del Ministerio de Justicia y DD.HH.
El artículo 9 (resolución 48/2002), que es objeto de la discordia, flexibiliza las condiciones de trabajo y califica el desempeño laboral casi en forma permanente. «El personal contratado será evaluado por el superior inmediato al que reporte y tenga jerarquía no inferior de Director o equivalente, al menos UNA (1) vez cada SEIS (6) meses de servicios efectivos. Cuando la vigencia del contrato fuera inferior a dicha cantidad de meses, se evaluará por el lapso de servicios prestados», señala la norma. Esto deja en una situación de vulnerabilidad enorme a una gran cantidad de laburantes frente a la eventualidad de los cambios de gobierno o, aún peor, año tras año.
El vaciamiento de los Sitios implicaría su inmediato cierre, dado que no existirían las condiciones para poder mantenerlos en funcionamiento.
Frente a esta situación, una de las sospechas es que el ministro Martín Soria acordó con la gestión entrante -el próximo funcionario a cargo de esta área será Mariano Cúneo Libarona- no renovar dichas contrataciones. «Bajo el argumento de que no hay plata y que esa decisión corresponde al próximo gobierno, nos están entregando gratuitamente», señalan las y los trabajadores por lo bajo. Cabe destacar que Cúneo Libarona defendió a un expolicía acusado por delitos de lesa humanidad y a esto se suman las continuas declaraciones negacionistas de la vicepresidenta electa Victoria Villarruel, con lo cual la preocupación por las políticas de Memoria, Verdad y Justicia es muy grande. Esto a pesar de que recientemente la UNESCO declaró a la ex ESMA como patrimonio de la humanidad.
Este martes, los trabajadores y las trabajadoras se movilizan desde las 9:30 horas al Ministerio de Justicia de la Nación -ubicado en Sarmiento 321 (CABA)- para reclamar por la continuidad de sus puestos laborales y contra el vaciamiento de los Sitios de Memoria, lugares históricos donde se le dice Nunca Más al terrorismo de Estado y se guarda la memoria de los 30 mil detenidos-desaparecidos en la última dictadura cívico-militar.
En Boca se está jugando un partido que trasciende mucho más allá de la pasión Xeneize. Mauricio Macri está exponiendo de forma mucho más explícita y desvergonzada el manejo oscuro del poder que ya se le vio cuando fue absuelto por contrabando por la Corte menemista, cuando espió ilegalmente a su propia familia siendo Jefe de Gobierno o a sus compañeros de Cambiemos siendo presidente de la Nación, cuando borró las causas en su contra apenas asumido en 2015 y freezó otras ya derrotado en 2019. Enfrente está Juan Román Riquelme como un estandarte de todo Boca, la identidad, la historia, la mística.
Totalmente desatado en su modo jefe y dueño del país, Macri está mostrando con toda claridad el verdadero funcionamiento de la casta que maneja y representa: la Justicia y los medios de comunicación. La única resistencia es el espíritu y el sentimiento bostero, que Macri pisotea cada vez más a medida que avanza en su plan de intervenir un club que, lo sabe muy bien, en las urnas y en los corazones pierde por goleada.
“Boca contra todos, todos contra Boca”. El trapo cruzó a lo largo la Bombonera justo debajo de la platea preferencial por primera vez en julio del 2021, luego de que la Liga no postergara dos partidos que Boca tuvo que jugar con juveniles por tener al plantel profesional en cuarentena. Una histórica fibra bostera se hizo bandera y acompañó la gestión de Riquelme, permanentemente atacada desde el periodismo deportivo y, en el último año, también por la Justicia. La recuperación identitaria xeneize que Riquelme comandó se plantó desde ese lema como una resistencia orgullosa.
Con su comportamiento de casta de las últimas semanas, Macri refuerza ese ADN azul y oro, el de bancar y resistir para ser los más grandes, y alimenta la idolatría para con un Riquelme que ya no sólo es candidato a presidente, sino que es defensor del sentimiento por Boca. La casta ya no arremete contra Riquelme sino contra Boca, y Riquelme ya no es sólo el máximo ídolo sino que es todo Boca.
Fotos: Nicolás Cardello
LAS MANIOBRAS DE LA CASTA, LOS ARGUMENTOS DE BOCA
El objetivo de Macri es uno solo: que no se vote, que el proceso se judicialice pasando al año que viene, para así poder pedir una intervención del club a través de la Inspección General de Justicia del nuevo gobierno. Riquelme y Boca buscan lo contrario: la elección más grande en la historia de un club de fútbol, superando al Barcelona, que supo congregar más de 50.000 socios en unos comicios. Hace cuatro años, los 20.071 socios de Boca que votaron a Ameal, Pergolini y Riquelme superaron el total de la mayor elección en la historia de River (18.857 socios en 2017), y el total de 38.363 votantes convirtió a esos comicios en los más masivos de la historia de los clubes del país.
Riquelme va por más. Quiere superar al Barcelona y para eso vistió de fiesta el césped de la mismísima Bombonera. El ídolo (y a esta altura ya todo el país) sabe que el socio y el hincha lo acompañan masivamente. Macri, por su parte, sabe que su única posibilidad es evitar que se vote y dar un golpe de Estado a la presidencia del club. O, en su defecto, achicar todo lo posible la elección para ganar con el aparato que pueda comprar.
A pesar de negarlo en un comunicado, Ibarra y Macri pidieron suspender las elecciones si no se daban de baja 12.900 socios que objetan su legitimidad. Así lo expuso el abogado del club, Walter Krieger, a través de una conferencia (https://www.youtube.com/watch?v=5j0ca2HkaWQ) en la que mostró el pedido de intervención de la Justicia firmado por la lista opositora. Los representantes del club fueron claros al explicar que los procedimientos que la oposición exige para que se vote requieren tiempos que vuelven imposible la elección este año.
El objetivo es dilatar, cercenando el derecho de los socios, para que la nueva IGJ deje al club acéfalo cuando venza la actual gestión y proceda a intervenirlo. Así lo dejó entrever el propio Ibarra en una entrevista en ESPN este viernes, cuando dijo: “la Justicia va a definir, hay temas delicados, si empiezan a comprar cualquier cosa, endeudan al club, es parte de lo que la Justicia definirá”. La declaración fue la respuesta a una pregunta sobre cómo se nombraría el próximo DT si no se hacen las elecciones. No hay lugar a dobles interpretaciones: Macri no dejará que Boca siga adelante hasta una nueva fecha electoral si es que el caso se judicializa.
A esta situación se llegó con un hostigamiento judicial que arrancó en febrero con la suspensión de la tercer bandeja sur a horas de un partido de local, e incluyó otras suspensiones y clausuras del estadio no fundamentadas; el cierre de las calles aledañas a la Bombonera en los días de partido para evitar las previas; allanamientos en el club en agosto y noviembre; el secuestro cuasi ilegal del teléfono al hermano de Riquelme en la vía pública; el aplazo de un día de las elecciones por una denuncia por discriminación de cinco miembros de la comunidad judía, de los cuales tres afirmaron no haber firmado el documento; y la reciente cautelar firmada a la 1:40 de la mañana por la jueza Alejandra Abrevaya, hermana de Sergio, presidente del partido GEN e integrante junto a Macri de Juntos por el Cambio. Al funcionamiento full casta hay que agregar un dato de color: la jueza tuvo que borrar su cuenta de Twitter luego del fallo, porque se destapó la olla de que estaba plagado de posteos políticos en contra del gobierno del FdT.
La cautelar dictada por Abrevaya está plagada de irregularidades. Juzgó sospechoso el pasaje de socios adherentes a activos argumentando que muchas de las fechas de esas gestiones eran sábados, pero cometió el error de mirar el calendario 2023 cuando hablaba del 2021: todos los días mencionados fueron en realidad jueves. Además, Boca objeta que la denuncia a la que hace lugar la jueza se basa en testimonios que no fueron puestos en conocimiento del club. Es decir, sólo la jueza sabe lo que dijeron los testigos y nunca entregó al club una copia de las declaraciones. Por otro lado, dos de esos testigos se presentaron voluntariamente al juzgado, sin audiencia previa, y se les tomó testimonios en los que se fundó la cautelar pero que Boca no puede siquiera revisar.
El club también argumenta que en realidad sólo 3786 socios se incorporaron desde 2020 a 2021 con el procedimiento que cuestiona la oposición. De los 13.000 que buscan impugnar Macri e Ibarra, 4180 fueron pasados a activos por la dirigencia anterior de Angelici, muchos de ellos en el mismo día en que se anotaron como adherentes. Otro porcentaje son socios menores que no votan y fallecidos.
Independientemente de la cantidad, la dirigencia de Boca quiere que todos los socios voten, y propusieron una urna separada para todo el padrón que objeta la oposición, que rechazó la propuesta. Los argumentos del club tienen que ver con el estatuto. Por un lado, el artículo quinto del Reglamento para la Inscripción de Socios, votado por la Comisión Directiva del 12 de junio del 2019, gestión Angelici, faculta a la CD para “incorporar socios en sus distintas categorías en forma directa, sobre la base de amplias consultas a los distintos sectores del quehacer del club”.
Es decir, Boca no violó su estatuto en la designación de nuevos socios activos, ya que no existe un reglamento más preciso en el que se detalle cómo se pasan los adherentes a activos. Y no sólo eso. Durante los dos mandatos de Angelici se hicieron 51.473 nuevos socios activos con los mismos procedimientos que ahora se pretenden impugnar.
Por otro lado, un socio de Boca o de cualquier otro club tiene derechos como tal, que no pueden ser desconocidos. Por estatuto, luego de un año de transcurrida su alta y si no recibió objeciones en la misma, un socio activo de Boca ya adquiere plenos derechos. Para votar, debe tener dos años o más de antigüedad. En ese sentido, el plazo para objetar a los socios hechos en 2021 ya venció, e impedirles votar va en contra del estatuto del club, además de ser una imposición absolutamente antidemocrática.
La actual dirigencia del club objetó la composición de los padrones de 2015 y 2019 bajo la gestión macrista de Angelici, aunque sin el éxito que hoy obtiene el ex presidente. Los planteos fueron ante la IGJ, que determinó que no podía cercenar el derecho a voto a los socios. La denuncia de Macri e Ibarra fue directamente ante un tribunal, porque su objetivo real era distinto: evitar que se vote.
Fotos: Nicolás Cardello
EL AMOR POPULAR NO SE COMPRA NI SE INTERVIENE
Macri juega con las armas que tiene para compensar las que no tiene. El manejo de la Justicia y los medios de comunicación son sus especialidades para enfrentarse a líderes e ídolos populares que se apoyan en el amor de su pueblo. Riquelme lo entiende a la perfección, y se respalda en el pueblo xeneize que ya dio sobradas muestras de estar dispuesto a bancarlo en la cruzada. Mientras Macri se pasea por sus canales lacayos, Riquelme se mezcla entre la multitud en la Bombonera o se queda hasta la madrugada en un stream, tomando mate y hablando en un lenguaje popular que el ex presidente no podría ni imitar.
Riquelme confía en el pueblo que Macri desprecia. En 2019, las elecciones se demoraron casi dos horas en iniciar y resultaron un caos por la pésima disposición de las instalaciones. El objetivo de Angelici era que votaran pocos socios y ganar con su aparato. Riquelme invirtió 360 mil dólares en preparar la Bombonera para que miles de socios la pisen por primera y quizás única vez, volviendo una fiesta el ejercicio del derecho básico en toda organización social democrática. Las diferencias entre un modelo y el otro son abismales y están cada vez más a la vista. La pregunta es si la legitimidad popular y democrática será suficiente para ponerle un freno a la ambición descontrolada de la casta.
El estado de situación actual es que Boca apeló la decisión de la jueza Abrevaya. Si la Cámara revoca la decisión de Abrevaya antes del viernes 15, podría haber elecciones el domingo 17. Pero los tiempos dan muy justos y ello requeriría una premura por parte de los actores judiciales, que claramente se muestran alineados a la estrategia dilatoria de Macri.
El 17 es el último día del año en que se podría votar. Si no sucede, comenzará la estrategia del pedido de intervención por parte de Macri e Ibarra, que cuestionarán cada decisión de la dirigencia del club y meterán todas las trabas judiciales posibles. La definición de Macri está a la vista y a todas luces: tomar el club por asalto, llevándose puesto a Riquelme y a todo Boca.
El domingo, socios e hinchas realizaron un masivo banderazo para reclamar por su derecho a votar y en defensa del club. Sin medios de comunicación afines, sin el poder económico detrás, sin una justicia adicta y a medida, sin todas las palancas del poder tradicional, el ídolo máximo caminó las calles de La Boca con su pueblo peregrinando junto él, en un acto de amor popular que sólo la pasión del fútbol puede conseguir. Ese amor que hoy corre el riesgo de caer en manos de quienes no lo entienden y lo desprecian, pero quieren gobernarlo por ambición de negocios y poder.
La casta contra Boca, Boca contra la casta. Una batalla cultural de todos los tiempos. El resultado del partido marcará, para bien o para mal, el futuro de muchas de las luchas por la defensa de derechos y la democracia que sobrevendrán en los próximos años.
La elección de Javier Milei generó un cimbronazo en varios sectores de la sociedad. En un contexto cargado de especulaciones e incertidumbre, el fútbol argentino marcó la cancha y ya le hizo saber al presidente electo que su intento por incorporar las SAD en los clubes no cuenta con el apoyo de la AFA ni de sus instituciones afiliadas.
¿Qué son las SAD?
Antes que nada, conviene recordar que en la actualidad los clubes del fútbol argentino son asociaciones civiles sin fines de lucro, es decir, instituciones que reúnen a un grupo de socios y socias que poseen los mismos derechos regulados por el estatuto de cada club.
En cambio, las SAD son modelos en los que uno o varios dueños poseen la propiedad del club, y operan orientados al lucro y los beneficios económicos. Los socios y las socias no participan de las decisiones, ya que las mismas son tomadas por un Consejo de Administración conformado por accionistas, que pueden ser empresas o individuos particulares. En la mayoría de los casos permiten el ingreso de inversiones extranjeras para financiar las actividades del club. Asimismo, los clubes propiedad de SA pueden cotizar en la bolsa de valores o ser vendidos como si fueran una empresa.
Posturas a favor y en contra
La idea de dejar ingresar a las SAD en el fútbol argentino está instalada desde la época del menemismo en los ’90. Por aquellos años y a principios de los 2000, Mauricio Macri -por entonces presidente de Boca Juniors- intentó que este modelo sea aplicado en el país. En aquel momento hubo un plebiscito en la AFA presidida por Julio Grondona, y la respuesta de los clubes fue contundente: 39 votos en contra y 1 a favor. Más adelante, el mismo Macri volvió a la carga cuando fue electo presidente de la nación y nuevamente se encontró con la negativa de la AFA. Ahora es Javier Milei quien vuelve a insistir con el tema.
El candidato libertario había declarado en octubre de 2022: “A mí me gusta el modelo inglés, no les va mal. La pregunta es cómo se financia. Las sociedades anónimas, de hecho, tienen clubes que cotizan en bolsa y todo. ¿A quién carajo le importa quién es (el dueño) si le ganás a River 5-0 y sos campeón del mundo? ¿O preferís seguir en esta miseria que tenemos cada vez de fútbol de peor calidad?». En 2023 volvió a la carga y, en cuanto tuvo ocasión, ratificó su postura: modificar el estatuto actual, para permitir que los clubes puedan optar por ser sociedades anónimas. Quienes están a favor de este modelo suelen destacar que posibilitará un fútbol más «eficiente, exitoso y rentable».
Por otro lado, los dirigentes y miembros representativos de las instituciones deportivas, así también los propios deportistas, han mostrado su desacuerdo con las SAD. Principalmente destacan el rol de los clubes como asociaciones civiles que buscan ganancias para cumplir con objetivos sociales, en beneficio de la institución y sus socios e hinchas, a contramano de las SAD, que sólo tienen por objetivo el puro beneficio económico. «Las SAD no tienen existencia jurídica, es algo que algunos ven como superador a lo que nosotros tenemos. Si no tuviéramos los clubes cumpliendo la función que cumplen, no seríamos los que somos, somos defensores de las asociaciones civiles sin fines de lucro y buscamos fijar esa posición institucional», declaró Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de AFA, en el plebiscito que tuvo lugar el pasado jueves 23 de noviembre en el predio de Ezeiza. En el mismo, los dirigentes del fútbol argentino rechazaron de manera unánime la posibilidad de incorporar las Sociedades Anónimas Deportivas en los clubes.
En la misma sintonía, un grupo de más de 100 mujeres que trabajan en las instituciones deportivas del país manifestaron en la sede de la AFA su rechazo a las SAD. En diálogo con Télam, Paula Ojeda, gerenta de Equidad y Género de la AFA, defendió su postura y afirmó: «La figura de las SAD se basa en generar beneficios económicos, persigue ganancias de empresas o grupos. Es decir, son completamente lucrativas. Su eventual llegada generaría un daño muy grande a todo el fútbol y más al femenino».
Hernán «Cherno» Aisenberg, socio e hincha, declaró a El Grito del Sur: «No hay posibilidad de convivencia con las SAD. Estoy en contra porque es una privatización de los clubes y directamente es la forma de dejar de existir de las instituciones así como los conocemos. Los clubes existen porque tienen socios que votan y eligen sus autoridades, por lo que una privatización elimina todo eso». El también fundador de la Coordinadora de Hinchas agregó: «Los clubes son una comunidad. No es que uno esté a favor o en contra, forma parte activa de algo más grande que no le pertenece a uno mismo, es del conjunto de miembros. Si quieren las SAD que empiecen de cero con nuevos clubes, pero no con los clubes que ya existen y eligieron no ser empresas. Transformar los clubes que existen en SA es un robo. Los clubes no están en venta, si no respetan eso no están respetando nuestra propiedad privada, los socios somos dueños de una parte del club».
«Las SAD no tienen existencia jurídica, es algo que algunos ven como superador a lo que nosotros tenemos. Si no tuviéramos los clubes cumpliendo la función que cumplen, no seríamos los que somos, somos defensores de las asociaciones civiles sin fines de lucro y buscamos fijar esa posición institucional», declaró Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de AFA, en el plebiscito que tuvo lugar el pasado jueves 23 de noviembre en el predio de Ezeiza.
Antecedentes argentinos
Si bien no ha existido un club propiedad de SA como tal, en el fútbol argentino sí hubo casos de «gerenciamientos» que permitieron la entrada de capitales privados en algunos clubes. Quizá el caso más recordado es el de Racing Club, que en 1999 presentó la quiebra debido a las malas condiciones económicas de la institución. Así desembarcó Blanquiceleste SA para hacerse cargo del club de Avellaneda. Sin embargo, luego de un comienzo prometedor, este tipo de «financiamiento» provocó la movilización de los socios y las socias de la Academia, que lucharon para sacar adelante al club ante la ineficiencia de la gestión y las dudas sobre el origen de los capitales.
Otros casos, que resultaron experiencias negativas, son: San Lorenzo (2001, a cargo de la empresa Suiza ISL), Ferro (2004, a cargo del empresario Gustavo Mascardi) y Quilmes (2002, a cargo de Exxel Group), entre otros.
En algunos casos, este «gerenciamiento» por medio de capitales privados resultó medianamente exitoso: como en el caso de Talleres de Córdoba (único club que no estuvo presente en el plebiscito de Ezeiza), que está presidido por Andrés Fassi, un empresario vinculado al Grupo Pachuca. Existe la sospecha de que la «T» es una «SA encubierta»; sin embargo, el propio Fassi desmintió esta versión.
Ante la posibilidad de que Mauricio Macri sea vicepresidente de Boca Juniors, una vez más, el velo de las SAD vuelve a sobrevolar Brandsen 805, siendo uno de los temas de debate de campaña que enfrenta a las listas encabezadas por Juan Román Riquelme-Ameal (oficialismo) y Andrés Ibarra-Macri (oposición). «Quienes somos hinchas y socios de un espacio comunitario, queremos seguir siéndolo y no hay ninguna votación, ni ningún presidente privatista que diga lo contrario», sentenció Aisenberg.
Contexto sudamericano
Argentina no es el único país sudamericano que prohíbe las SAD, también sucede lo mismo en Ecuador y Paraguay. En el resto del continente han permitido su ingreso como una figura optativa. Esos son los casos de Uruguay (desde 2001), Brasil (desde 2021), Chile (desembarcaron en 2005), Colombia y Perú. También está el caso de City Group (grupo inversor dueño del Manchester City y otros clubes a nivel mundial), que invierte en el Bolívar de Bolivia. En Brasil la mayoría de los clubes de Primera División presentan una estructura basada en SA; no obstante, los principales equipos -Palmeiras o Flamengo- no optaron por incorporar ese modelo y han sido (siguen siendo) los clubes que mayores éxitos deportivos han logrado en el último tiempo. Por otro lado, en Chile la sensación es que el modelo de las SA ha fracasado o al menos no cumplió con las expectativas.
Si bien es una tendencia generalizada, la incorporación de las SA en los clubes presenta diversidad de experiencias. No necesariamente implican la excelencia deportiva, ni son soluciones mágicas. Vuelve un dilema recurrente: copiar lo que hacen los demás, o defender lo nuestro y respetar la manera que tenemos de vivir nuestro fútbol.
Cuatro años atrás había menos perfiles y cuentas, y las que existían no la identificaban. “Es completamente cierto que las redes sociales son un espacio particular pero yo no diría que fui encontrado mi lugar en ellas, sino que más bien lo fui construyendo en base a la lucha por visibilizar la discapacidad”, expresa hoy, como si pudiera mirar el trayecto que hay tras sus pies. “Paso a paso fui haciéndome ese espacio, no bajé los brazos, y a medida que fui visibilizando situaciones, los seguidores me fueron acompañando, y así me ayudaron a que ese camino se hiciera más liviano, parte de esa construcción se la debo y agradezco a ellos”, asegura.
Florencia Cambareri acaba de ser premiada como Instagrammer del año, reconocimiento que entregó el medio Ciudad Magazine, que esta noche, a partir de las 21 horas, transmitirá la ceremonia. Casual o simbólicamente, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad (declarado desde 1992). Según las Naciones Unidas, el 15 % de la población mundial, es decir, 1000 millones de personas. En el caso de las mujeres, 1 de cada 5 posee una diversidad funcional.
“Tal cual, el Día de la Discapacidad coincide con la premiación”, reconoce en este intercambio con El Grito del Sur. “Para mí es sumamente simbólico, o más bien especial. Entendiendo los tiempos televisivos, sé que para que la transmisión sea ágil pueden hacer un recorte de mis palabras porque dí una especie de discurso quizás extenso para una transmisión, no hay problema si eso sucede. Pero en caso de que lo den completo, estoy convencida de que el mensaje va a adquirir un significado más potente, más poderoso en este día tan especial. Si la transmisión fuera en otra fecha, quizás el mensaje no estuviera tan cargado de emocionalidad para mí, pero en esta fecha sí”, reafirma.
“Este reconocimiento fue un gran regalo porque los votos vinieron del público, de la gente. Yo cuando empecé tenía miedo de que nadie se interesara por mi cuenta, y hoy, casi 4 años después, la gente me demuestra todo lo contrario».
En el evento, le dijeron que se quedara tranquila, no había necesidad ni obligación de que subiera a buscar el premio. Sin embargo, ella quiso subir. Por “cholula”, dirá, pero su mensaje –su representatividad– iba más lejos.
“Ese momento fue extraño porque, cuando me avisaron que había ganado, si bien la felicidad era absoluta, sabía que el día de la entrega iba a ser un manojo de nervios. Y así fue. Nunca había estado arriba de un escenario, recibiendo un premio y en una fiesta llena de personas sumamente conocidas en los medios de comunicación. Pero increíblemente cuando llegué los nervios se me pasaron. Yo había preparado unas palabras vinculadas al Día Internacional de las Personas con Discapacidad y afortunadamente, cuando me tocó subir, me dieron el espacio para transmitir ese mensaje. Para mí era importante tratar de dejar una huella en quienes estaban presentes y creo que lo logré, porque una vez que bajé del escenario algunas figuras del medio se acercaron para expresarme su apoyo. Fue un momento de absoluta emoción, de esas noches que una elige guardarse”, destaca.
Uno de ellos fue el conductor Leandro “Chino” Leunis, con quien tuvo un simpático intercambio. “En un momento él me dice: —¿Me tenés el celular? Mirá que confío en vos eh y yo, que justo estaba con el andador, en joda le contesto: —Claro, me pedís a mí porque no puedo salir corriendo—. Nos reímos, porque ante todo humor ácido”.
“Cuando recibí el premio fue inevitable pensar en cómo se sentiría mi abuela al verme en el escenario” —se emociona— “Ella falleció en marzo de este año. Se ponía muy feliz cuando algo de mi activismo salía en algún medio. Se emocionaba siempre, era como mi fan. Por eso elijo creer que en esta coincidencia hay algo de ella, como una manera de demostrarme que sigue estando. Quizás sea descabellado pensarlo así pero la extraño y es una forma de sentir que me acompaña en este momento”.
Florencia Cambareri acaba de ser premiada como Instagrammer del año, reconocimiento que entregó el medio Ciudad Magazine.
Florencia es autora de Repensar la Discapacidad, una cuenta de Instagram con más de 105 mil seguidores, donde y desde sus experiencias personales, genera miradas, reflexiones y promueve un espacio de pensamiento para abordar (o bien fomentar al abordaje de) temáticas y su relación con la discapacidad, que oriente a mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional.
Es Técnica en Recursos Humanos y estaba en pleno proceso de la tesina de la Licenciatura en Gestión de Capital Humano, investigando la «Inclusión laboral de personas con parálisis cerebral a través del empleo con apoyo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», cuando abrió la cuenta. “Tuve muchas idas y vueltas en esto de crearla o no, hasta que en enero de 2020 me animé y desde ahí todo se fue dando naturalmente. Si en ese momento alguien me decía todo lo que iba a vivir a partir de entonces, no le hubiera creído. Dedicarme al activismo siento que cambió mí rumbo por completo”, identifica.
De nacimiento, fue diagnosticada con una discapacidad motriz denominada parálisis cerebral (motivo de su tesis), que afecta los movimientos y la postura a raíz de una lesión en el cerebro que si bien no avanza ni se empeora, dura para toda la vida.
“Desde chica siempre tuve el certificado de discapacidad, pero mi familia no sabía que eso era una herramienta fundamental para el ejercicio de mis derechos y la cobertura de mis prestaciones. Cómo ellos no sabían que la obra social me tenía que cubrir los tratamientos y no había ningún conocido en ese momento que viviera la discapacidad de cerca, mí papá trabajaba los siete días de la semana y agarraba todas las horas extras que podía para costear mis tratamientos de su bolsillo, mientras que mi mamá me llevaba al jardín en un cochecito porque no me daban los pies para caminar tanto” —conserva presente— “Hasta que a mis 6 años aproximadamente, un compañero de trabajo de mí papá quien tenía a su hija con discapacidad lo puso al tanto de mis derechos. De ahí fue otra lucha para que me cubran todo”.
Como ella ahora, desde su cuenta. “Un objetivo de mí instagram es ese: que todo el mundo sepa que a las personas con discapacidad su obra social o su prepaga, por ley, le tiene que cubrir todo lo vinculado con su diagnóstico siempre y cuando tengan el certificado de discapacidad”.
A medida que fui creciendo yo también fui luchando por mí misma y al saber toda mí historia y toda las injusticias que nos atravesaron, me propuse que nadie más viva lo mismo que nosotros porque le pisotean sus derechos, así que estas situaciones son las que más me marcaron y me llevan hasta hoy
Así fue como además, decidió estudiar periodismo, que por cuestiones económicas, y de accesibilidad interrumpió. “Si bien tuve que dejar la carrera porque no la podía seguir sosteniendo, sueño con retomarla porque sé que nací para recorrer el camino vinculado a la comunicación y a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad”, destaca.
“Desde chica siempre tuve el certificado de discapacidad, pero mi familia no sabía que eso era una herramienta fundamental para el ejercicio de mis derechos y la cobertura de mis prestaciones», cuenta.
¿Qué es para vos ser influencer? ¿Cómo te llevás con esa palabra tan estereotipada?
Para mí ser influencer es algo que no tiene que ver conmigo y no porque lo considere algo negativo, sino porque lo vinculo más a todo lo que tiene que ver con la notoriedad pública, con la fama y realmente me siento muy lejos de eso. No me llevo mal con esa palabra, simplemente no me identifico con ella, no siento que se ajuste a lo que siento que soy. Yo me considero una activista, una persona que lucha por hacer visible una temática que poco se tiene en cuenta. No pretendo influenciar a nadie, sino que hablar de discapacidad deje de ser tabú, así dejamos de hablar de “inclusión” y empezamos a hablar de convivencia.
¿Había algo que no querías reproducir en tu imagen de comunicadora?
Como comunicadora tenía (y tengo) claro que hay dos cosas –extremos si se quiere– que no quería reproducir: ni que la discapacidad es una desgracia o un castigo, ni que es una bendición. Hay gente que quizás la conciba de otra manera, pero no es mí caso y no quiero transmitir algo en lo que no creo.
Creo que ningún ser humano cuando se entera que va a ser madre/padre o el vínculo que fuera piensa «ay, ojalá la persona que viene en camino tenga una discapacidad», no. Distinta es la aceptación, obviamente, que lleva su proceso. Pero tampoco es un castigo ni una desgracia, quizás al principio las familias pueden sentir algo así por miedo, incertidumbre o desconocimiento y es absolutamente entendible y necesario que transiten los sentires porque creo que es la única manera de iniciar el camino hacia la aceptación y me parece importante retomar esto porque ahí está la clave: quizás no les sea fácil, pero empezar a aceptar, les va a facilitar la lucha, la búsqueda de herramientas y apoyos necesarios para que la persona con discapacidad a medida que vaya creciendo pueda desarrollar su máximo potencial y tener la mejor calidad de vida posible.
¿Qué es para vos la discapacidad?
Para mí la discapacidad, más allá de ser mí forma de vida, es tal cual como lo define actualmente nuestra convención internacional: que ya no hace énfasis en el diagnóstico sino en los obstáculos o las barreras del entorno, esas que son propias de la sociedad. Pongo un ejemplo para que se entienda: si en la calle hay una rampa, para mí es más fácil subir por ahí que por el cordón. Si un auto tapa esa rampa, mi desenvolvimiento es más dificultoso y no por mí discapacidad en sí misma, sino porque esa persona estacionó donde no debía. En cambio, si la rampa está despejada, mi desenvolvimiento es más simple más allá de mi discapacidad.
Por otro lado, para mí la discapacidad es lucha constante. Eso tiene que ver con que las personas sin discapacidad piensan que a ellos nunca les puede tocar, cuando en realidad nadie está exento de nada. Es necesario que la sociedad esté más abierta a una toma de conciencia y sea más empática.
Florencia Cambareri
¿Qué soñabas cuando eras chica?
No recuerdo mucho qué soñaba de chica, sí quizás de adolescente: poder correr, poder saltar. Cosas simples que casi todo el mundo puede hacer pero quizás no valora porque las da por sentado.
Soy muy recitalera y sobre todo en esos años, soñaba con poder poguear como lo hacían mis amigas. Lo sigo soñando (debo confesarlo) que Dios, el universo o lo que sea que exista, me conceda un solo día para vivir sin mi discapacidad, simplemente quiero saber cómo es «caminar bien» digamos, qué diferencia hay en el andar, en el ritmo, esas cosas, quisiera experimentar cuán diferente es. Y a nivel colectivo, que todas las personas con discapacidad tengamos acceso a la salud, a la educación y al trabajo.
¿Desde que empezó tu activismo qué fue lo más loco y lo más grande que viviste?
Sin dudas que la gente me haya elegido como instagrammer del año y lo más loco, haber llegado con mi activismo, a mis ídolos más grandes. Mi cable a tierra siempre fue la música y soy fanática de distintas bandas y cantantes, varios de ellos me siguen en instagram y cuando lo pienso sigo sin poder creerlo.
A veces pareciera que en redes está todo dicho, ¿te pasa? ¿es un poco el ejercicio de re-pensar no?
Sí, hay temáticas en las que parece que todo está dicho, pero hay otras en las que no porque son prácticamente tabúes o porque es mejor ignorarlas porque está esa creencia de que «lo que no se habla no existe». Por ejemplo: la maternidad o paternidad de personas con discapacidad, ni hablar del ejercicio de la sexualidad y de ser una persona con discapacidad y a la vez formar parte de la comunidad LGBTIQA+, esto sucede porque la sociedad tiende a infantilizarnos y a creer que somos gente asexuada, angelitos, seres de luz y la verdad que no es así, en absoluto.
Yo trato de visibilizar estas cosas lo más que puedo pero a veces las políticas de las redes sociales hacen que ciertos temas sean más complejos de abordar porque te pueden bajar el posteo, suspender o cerrar la cuenta. Así que claramente si, todo el tiempo está el ejercicio de repensar de que manera se pueden abordar todas esas temáticas que siguen haciendo falta.
A los 42 años y con una extensa militancia en el campo nacional y popular, Alejandro «Peluca» Gramajo se transformó esta semana en el nuevo secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). Las elecciones en el sindicato fueron masivas y dejaron como saldo una importante unidad que esperan plasmar en todos los ámbitos de cara a la conservación y la obtención de nuevos derechos.
Este referente del Movimiento Evita reemplaza en su cargo al histórico Esteban «Gringo» Castro y llega en medio de tiempos convulsionados: el triunfo de Javier Milei a nivel nacional. Si bien aún esperan que «se definan las autoridades» para hacer llegar los planteos al nuevo gobierno, el panorama es desalentador y ya hablan de un «escenario difícil y complejo que va a requerir mucha unidad y masividad».
¿Qué balance hacen de estas primeras elecciones en la historia de la UTEP?
El balance es muy positivo, estamos muy contentos y contentas por todo el proceso que se viene dando en torno a la construcción de la herramienta gremial de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Hace muchísimos años que venimos haciendo un esfuerzo de unidad entre los movimientos populares y las organizaciones comunitarias, ha habido un fuerte proceso de maduración con el objetivo de defender a nuestro sector y premiar iniciativas que vayan avanzando en la promoción de nuevos derechos. Nuestro sector está conformado por alrededor de 8 millones de personas que se auto-inventan su trabajo y sufren una carencia de derechos. Este proceso electoral en el que se conformó una lista de unidad es un hecho histórico porque se trata de la formalización de una herramienta que va a defender a un sector invisibilizado, desconocido, estigmatizado y descartado por el sistema formal. Fue una campaña silenciosa y con muchísimas reuniones en los territorios, luego pusimos las urnas en los centros de votación y la asistencia resultó masiva.
Un planteo de los trabajadores de la economía popular es que «tienen trabajo, pero les faltan derechos». ¿Qué objetivos se trazarán en este sentido a lo largo del año 2024?
Esto va a depender de cómo evolucione el proceso político actual. Somos conscientes de que ha cambiado el gobierno y que nosotros veníamos con mucha iniciativa a la hora de pensar leyes y programas, en cómo avanzar con la institucionalización dentro del Estado para avanzar en la obtención de nuevos derechos, etc. No nos queremos aventurar hasta tanto ver las medidas del próximo gobierno, pero -por lo que han planteado en la campaña- daría la impresión de que van a intentar avanzar con políticas en contra de los intereses populares. En la medida que eso suceda, vamos a reaccionar. Reconocemos el amplio triunfo de Javier Milei en el ballotage, pero eso no significa un cheque en blanco sino todo lo contrario: el pueblo espera mejoras. Por eso nuestra tarea es seguir fortaleciendo la herramienta gremial para defender al sector y, por supuesto, empezar a construir unidad con otros sectores del trabajo, los clubes de barrio y la Iglesia, entre otros.
¿Qué significaría pasar de la institucionalización a la resistencia? ¿Qué respuesta piensan tomar en este último caso?
Repito, no me quiero aventurar a tomar definiciones que tendremos que ir evaluando con el conjunto de los compañeros y las compañeras. Ya hemos experimentado gobiernos que van a contramano de la construcción de derechos y siempre hemos tenido la templanza, la firmeza y la determinación de defender lo conquistado a partir de movilizaciones. Eso no va a cambiar, va a ser así en caso de que quieran quitar derechos. Hoy tenemos que ser prudentes y dejar que evolucionen las cosas, así como fijar posición en la medida que se vayan concretando las medidas. Se viene un escenario difícil y complejo que va a requerir mucha unidad y masividad. Vamos a defender a la economía popular con determinación y en paz.
¿Qué le venís a aportar a la conducción de la UTEP como dirigente joven?
Nosotros creemos firmemente en que las estructuras deben tener una oxigenación y un recambio porque la pelea tiene una lógica de procesos históricos. Siempre es bueno hacer recambios en pos de la construcción colectiva. El Gringo Castro, junto a otros compañeros que históricamente construyeron el sector, ha aportado mucho a la hora de visibilizar y de poner arriba de la mesa el problema de una porción mayoritaria de la sociedad, que tiene que ver con la falta de derechos. Ha habido una gran cantidad de avances y victorias porque hoy la economía popular se discute en las universidades, en el Estado y en la política. El desafío que teníamos para la etapa que viene era institucionalizar las ramas del sector, algo que no logramos avanzar en profundidad, pero ahora creo que el escenario político cambió. Una cosa es pensar avances con un gobierno amigo y popular como el saliente, o como fueron gobiernos anteriores, y otra cosa es con un gobierno que quiere ir en contra de nuestro sector. Esto último implicará otras medidas, otras acciones y otro marco de alianzas.
Esteban «Gringo» Castro y Alejandro «Peluca» Gramajo
Cuando escuchás a Milei diciendo que aplicarán la ley cada vez que alguien proteste en la calle, ¿qué sensación te genera?
Nosotros también vamos a aplicar la ley, porque el legítimo derecho a la protesta existe. Sea cual sea el reclamo, es correcto que las personas se movilicen. Además, si buscan implementar un proyecto económico regresivo en forma brutal va a ser una catástrofe social. El primer derecho que no se tiene que vulnerar es el derecho a la vida, hoy tenemos un 42% de pobreza y el ajuste que pretenden hacer podría significar el exterminio de muchos sectores sociales. No queremos que nuestro pueblo se cague de hambre: nuestra responsabilidad y nuestro deber es impedirlo.
¿Cómo piensan defender a las cooperativas del sector?
Es una defensa integral. Tenemos una serie de planteos vinculados a las unidades productivas, a las cooperativas, al Potenciar Trabajo, a la urbanización de los barrios populares y a la política vinculada al consumo problemático. Estos planteos se los vamos a hacer al nuevo gobierno cuando se definan las autoridades. Veremos cuál es la respuesta.
¿Qué características va a tener la alianza con la CGT en este período?
Para nosotros es una alianza estratégica, independientemente de las coyunturas. No hay posibilidad de construir un proyecto de carácter transformador y popular sin una columna vertebral que lo interpele y conduzca. Creo que los trabajadores y las trabajadoras somos centrales a la hora de pensar ese proyecto, queremos decidir el destino del país con el protagonismo de los humildes.
Como UTEP, ¿hacen alguna autocrítica de que Milei haya tenido tanto respaldo en las urnas dentro de barrios populares?
Creo que es una autocrítica general que tiene que hacer el campo nacional y popular. Tiene que ver con la imposibilidad de concebir un proyecto que resuelva los problemas estructurales y concretos de nuestro pueblo. En los barrios nos pasa de discutir mucho con pibes que vivieron situaciones de mierda toda su vida: sin laburo, sin cloaca y en una pequeña casilla. No me puedo enojar con ese pibe si votó a Milei, al contrario. Tengo que abrazarlo y discutir, igualmente le apuesto de que en seis meses se va a arrepentir porque el proyecto de Milei va a ir en contra de lo que desea para su vida. No es casualidad que hoy tengamos un 42% de pobreza, y sacando toda la plata que pone el Estado en política social superaríamos el 50%. El campo nacional y popular tiene la obligación de repensar y discutir por qué llegamos a esta situación. Nuestra histórica base social ha votado con enojo y por eso todas las organizaciones populares tenemos que entrar en un proceso de debate.
Hoy, en el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, se cumple un año desde que se reglamentó la Ley Nacional de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis que vino a reemplazar la Ley de Sida N° 23.798. Desde el 2014 distintas organizaciones sociales impulsaron el cambio en la normativa, hubo tres intentos fallidos en el Congreso y finalmente se aprobó en 2022 con solo 8 votos negativos en Diputados y uno en el Senado. Entre las personas que votaron en contra, se encontraban Victoria Villarruel y Javier Milei, que dijo que estos proyectos “agrandan el Estado y destruyen el sector privado”.
Según el informe de monitoreo realizado por la Alianza Mundial contra el Estigma y la Discriminación, durante este primer año hubo avances y cuentas pendientes. Se ha buscado acompañar el procedimiento de constatación de diagnóstico para acceder a los beneficios de la seguridad social, mejorar la prevención -con el foco en el acceso al diagnóstico, preservativos y Educación Sexual Integral-, hubo una mayor inversión en investigación, comunicación, prevención de la transmisión, y además trabajaron en la eliminación de la transmisión materno-infantil. Sin embargo, también detectaron falta de capacitación en la nueva ley, dificultades para acceder a la jubilación especial y se registraron numerosos casos de discriminación en el acceso al empleo que no fueron resueltos.
Con el futuro gobierno de Javier Milei hay grandes incertidumbres con respecto al financiamiento y la aplicación de la Ley. Una de las principales razones es la promesa de campaña de recortar el gasto público y la eliminación del Ministerio de Salud que se convertirá en Secretaría y dependerá del eventual Ministerio de Capital Humano. “Ya vivimos un gobierno que no tuvo Ministerio de Salud y si bien muchos de los servicios disponibles desde el Estado para las personas con VIH no tuvieron problemas, otros sí. Hubo cambios de tratamientos, faltantes de insumos en algunas instancias y las organizaciones sociales tuvimos que estar atentas y siempre disponibles ante el reclamo”, dijo a El Grito del Sur Matías Muñoz, fundador de la asociación Ciclo Positivo.
En noviembre se reglamentó la creación del Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación por VIH, Hepatitis Virales y otras ITS que dependerá de INADI con el fin de desarrollar un sistema que brinde herramientas para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas para visibilizar, documentar y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos. Por ende, estará a disposición de aquellos que lo necesiten ante un caso de discriminación o un problema con el acceso a la salud.
“Todavía no sabemos qué puede pasar a futuro, y tampoco es conveniente opinar sobre supuestos. En Fundación Huésped trabajamos en favor de las políticas públicas que permiten que todas las personas accedan al cuidado de su salud de manera igualitaria. Si fuera necesario, aportaremos nuestra opinión respetuosa y basada en la evidencia, como lo hemos hecho a lo largo de estos 34 años”, afirmó Diego Salusso, infectólogo e investigador de Fundación Huésped.
En Argentina 65.500 personas reciben tratamiento antirretroviral en el sistema público. Por eso, el triunfo de La Libertad Avanza trajo inseguridades a muchas personas que dependen del Estado para acceder a medicamentos. “Tenemos que estar alertas y hacer un seguimiento a lo que puede llegar a suceder, pero sin alarmar. Se harán monitoreos de la disponibilidad de los insumos, de los recursos en obras sociales, prepagas y el sistema público”, expresó Muñoz y agregó: “Hay mucha gente que está muy atenta a cuál es el contexto y eso puede hacer que circule desinformación y que incluso se ponga en riesgo la forma en la que cada persona lleva adelante su tratamiento. Por eso es importantísimo poder conocer los derechos para saber qué es lo que tenemos que reclamar”.
Con el futuro gobierno de Javier Milei hay grandes incertidumbres con respecto al financiamiento y la aplicación de la Ley.
El nuevo informe de ONUSIDA, Que lideren las comunidades, asegura que el sida puede dejar de ser una amenaza para la salud pública antes de 2030, pero solo si las comunidades de primera línea reciben todo el apoyo necesario de los gobiernos y los donantes. “Con toda esta desarticulación de ministerios y espacios, ¿a quién le vamos a ir a reclamar lo que dice la ley? La respuesta es organización y diálogo colectivo para saber cómo actuar para que no le falte a nadie la medicación”, sostuvo el activista Lucas Fauno y remarcó: «Esta normativa es importantísima, está escrita con la sangre de muchísimas compañeras y compañeros. Hubo personas que esperaron que esa ley se apruebe y terminaron muriendo en el camino. Entonces, que no se aplique sería no solo un dolor, sino un cinismo gigante por parte de este gobierno entrante”.
Actualmente, al menos 140.800 personas viven con VIH en Argentina. El 13% de las personas que tienen VIH desconoce su diagnóstico y 3 de cada 10 se diagnosticaron en un estadío avanzado de la infección. Por esta razón, resulta fundamental que el gobierno nacional, los provinciales y municipales fomenten los testeos, sobre todo en poblaciones vulnerables. “Hay una brecha en el acceso. El 30% de los diagnósticos se hacen en fase avanzada de la infección, es decir, cuando las defensas se encuentran bajas. Eso tiene que ver con una dificultad para acceder al testeo”, explicó Diego Salusso.
Los test de VIH se pueden hacer de manera gratuita en todo el país en hospitales y centros de salud. Sobre esto, Salusso aseguró que “el rol del Estado está en acercar a las comunidades las distintas ofertas que existen para hacer el diagnóstico del VIH”. El estudio es confidencial y en caso de ser positivo el personal de salud brinda asesoramiento y herramientas al paciente sin ningún costo. “En nuestro país la medicación está provista por el Plan Nacional del VIH, que asegura la provisión en forma gratuita. La medicación es sumamente importante porque es lo que va a asegurar que la persona pueda permanecer con su salud en óptimas condiciones y también evita la transmisión hacia otras personas porque sabemos que quienes controlan el virus y están indetectables dejan de transmitirlo”, aseguró el investigador de Fundación Huésped.
La ley que se logró el año pasado es una de las más vanguardistas a nivel mundial. Incentiva la investigación, fomenta la participación activa de la población en la elaboración de las políticas públicas, obliga al servicio público y a las obras sociales a suministrar de manera gratuita los medicamentos, elimina las pruebas obligatorias de diagnóstico y otorga una jubilación especial para las personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, ente otros derechos. “El reclamo histórico es la cura que implica muchísimas cosas: que haya investigación, por ejemplo un Conicet, que haya acuerdos y diálogo con las empresas farmacéuticas para que a las vacunas tenga acceso todo el mundo”, dijo Lucas Fauno y agregó: “Si la ley del año 1990 era una ley de urgencia de vida, esta ley aprobada es una ley de calidad de vida, porque nuestras vidas no son solamente un virus, una pastilla y un preservativo. Nuestras vidas tienen que ver con acceso al trabajo, a la salud, controles periódicos, con la mejor medicación para cada cuerpo, para cada persona. Hablar de VIH es hablar de algo integral. No es solamente la cura, es la calidad de vida y más que debe asegurar el Estado”.
